A más de una semana de haberse desarrollado las elecciones, aún no tenemos datos oficiales completos. No es solo decepcionante, es altamente preocupante la situación a la que nos ha llevado la falta de preparación y de capacidad logística y administrativa. Es un tema que trasciende los resultados electorales en sí. Esto se trata de defender los fundamentos de nuestro sistema democrático.
El funcionamiento de la democracia requiere de la confianza de los ciudadanos en los procesos y autoridades electorales. Esta confianza se basa en la efectividad y transparencia con la cual se manejan los eventos electorales, y en la certeza que la voluntad popular expresada en las urnas es, y será, respetada por los diferentes actores involucrados. Cuando estos elementos se ponen en duda, un país corre riesgo de sumirse en una crisis institucional y de credibilidad en el sistema democrático.
Todos los problemas que se han dado, desde la falta de preparación e información sobre el voto cruzado por parte del TSE, las fallas de los simulacros desarrollados, el atraso en la apertura de los centros de votación el día de las elecciones, las inhumanas condiciones bajos las cuales los defensores del voto tuvieron que trabajar, el total fracaso del sistema de procesamiento y divulgación preliminar, el robo de la fibra óptica del centro de escrutinio, los problemas con la conectividad de los impresores, la intoxicación por malos alimentos en las mesas de escrutinio, entre muchos otros, han resultado en altos niveles de incertidumbre y desconfianza ciudadana en el proceso actual.
Las responsabilidades por todos estos problemas deberán definirse, pero en estos momentos, por el bien de nuestra democracia, lo más importante es asegurar que el escrutinio final sea exitoso y confiable. Esto requiere, primero, la humildad de reconocer los errores cometidos, y segundo, la voluntad política de trabajar con los diferentes actores involucrados para encontrar las soluciones necesarias a estos problemas. Lamentablemente, la autoridad electoral ha mostrado muy poco en ambos respectos.
Reitero, en estos momentos, es necesario tomar todas las decisiones y acciones necesarias para recuperar la confianza ciudadana en el proceso electoral y asegurar que el escrutinio final sea un éxito. Esto trasciende los resultados. Se trata de proteger la institucionalidad democrática, que solo sobrevivirá si existe confianza en que los resultados oficiales son una genuina representación de la voluntad popular expresada mediante las urnas.
Parte esencial de esto es abrir las urnas en los casos en que las actas demuestren serias irregularidades en sus datos, que no permitan determinar, sin abrir las cajas y contar los votos, la voluntad real del pueblo. La legalidad de abrir las urnas en estos casos lo fundamenta tanto los precedentes establecidos en casos similares, por ejemplo Zaragoza en el 2012, donde el TSE permitió hacerlo para establecer el resultado final de dicha elección, así como también la facultad otorgada, tanto por la Sala de lo Constitucional como por la Asamblea Legislativa, al TSE, que le daba la responsabilidad de reglamentar sobre la implementación del voto cruzado. Esto debe incluir así la capacidad de resolver los problemas que de este proceso puedan surgir.
Si para defender la voluntad popular expresada en las urnas y recuperar la confianza en la institucionalidad democrática que fundamenta nuestro sistema político, es necesario abrir las urnas para corregir las irregularidades que contienen varias actas, es necesario que lo hagamos. Aquí está en juego más que solo el resultado electoral. Estamos enfrentando una prueba compleja a nuestra institucionalidad, y el resultado de este proceso establecerá precedentes importantes para nuestro futuro desarrollo como nación.
Defendamos la voluntad popular. Hagamos lo necesario para defender los votos de todos los salvadoreños y recuperemos así la confianza en nuestro sistema electoral para poder avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia.
*Colaborador de El Diario de Hoy.