Los comicios del fin de semana marcan el ocaso de una larga campaña electoral. Este prolongado contexto en el que la ciudadanía fue expuesta en exceso a mensajes políticos con los que los contendientes buscaban ganar su simpatía, inició antes de las elecciones presidenciales de 2014 y se extendió hasta las de diputados y alcaldes, celebradas el domingo. Sin duda, este entorno ha influenciado el abordaje de los problemas más críticos del país y el discurso correspondiente de los diferentes actores del aparato estatal. Los funcionarios y partidos trataron de proyectarse de la mejor manera posible durante este período de cortejo. Todos se comportaron de la mejor manera posible y trataron de adecuar sus posturas y acciones a lo que interpretaban estaba en sintonía con sectores clave de la sociedad.
Los próximos tres años se observará una dinámica totalmente diferente a la de los últimos dos. Los funcionarios, excepto aquellos que son elegidos por la Asamblea Legislativa, mostrarán su verdadera cara, liberados de las restricciones impuestas por el temor de afectar de forma negativa los resultados obtenidos en las urnas de futuras elecciones. Lograremos determinar quiénes trabajarán por su partido y quiénes por los salvadoreños. La crisis generalizada en la que está sumergido el país, experimentada en cada rubro en diferentes magnitudes y con niveles de complejidad propios, provee escenarios propicios para poner a prueba la vocación de servicio de los funcionarios, su compromiso con la institucionalidad y, además, la idoneidad profesional y técnica que poseen para los puestos que ostentan.
Durante este período de tiempo, veremos lo mejor de los buenos funcionarios y lo peor de los malos. Los resultados finales de los comicios, por supuesto, tienen el potencial de mermar los extremos negativos y amplificar los positivos, ya que el electorado puede haber decidido fortalecer los contrapesos que fiscalizan al gobierno central y denuncian su mal proceder, pero que apoyan las iniciativas que benefician a la ciudadanía.
Esto cobra especial relevancia en el aparato de seguridad pública, ya que corre el riesgo de consolidar su transformación a un ente represivo enfrascado en la identificación y persecución de disidentes y adversarios políticos, en detrimento del combate genuino a la criminalidad. Actualmente, por ejemplo, un grupo de oficiales y agentes policiales es procesado en los tribunales, acusados de presuntamente aprovecharse de sus puestos y los recursos de la Policía, bajo motivaciones políticas, para dar seguimiento a ciudadanos y fabricar y diseminar información falsa para vincularlos a estructuras delictuales. Aunque el juez paradójicamente ha decretado reserva en este caso para proteger a los supuestos difamadores, en círculos de seguridad e inteligencia aseguran que la mayoría de los policías involucrados están asociados con muchos hechos más –igual de graves y siempre con motivaciones políticas-partidarias vinculadas a la izquierda radical–, que incluso datan desde que la oposición actual estaba en el Gobierno.
Igual de preocupante es que el presidente Sánchez Cerén haya aceptado que, durante su gestión como vicepresidente, el Gobierno negoció con cabecillas de estructuras criminales en secreto. Según señalamientos de personas que participaron de la negociación, el partido oficial instrumentalizó a las pandillas con fines políticos. El desgaste derivado de estas revelaciones obligó al Ejecutivo a recientemente tomar medidas para distanciarse de dicha estrategia, en vísperas de las elecciones. Sin la presión de un proceso electoral y con una oposición débil, no obstante, nada detiene al oficialismo de continuar usando a las pandillas como activistas y orejas en sus barrios.
La desnaturalización del aparato de seguridad y, por tanto, del combate contra la criminalidad, depende, en gran medida, de los resultados de las elecciones y el consecuente nivel de fiscalización y vigilancia al que el electorado haya decidido someter al Gobierno, escogiendo una robusta oposición municipal y legislativa o una endeble. Vigilar la sospechosa actuación irresponsable del Tribunal Supremo Electoral es, por lo tanto, imperante.
*Criminólogo.
@cponce_sv