Las pasadas elecciones fueron el escenario para muchísimas actuaciones: unas estelares, como las de los miles de voluntarios que hicieron patria cuidando urnas y facilitando el voto como miembros de Juntas Receptoras de Votos. Algunos, por más de veinticuatro horas y en condiciones de infraestructura deplorables, con poca o ninguna asistencia institucional, y sin más incentivos que el de construir ciudadanía.
También merecen mención de honor aquellos que, a pesar de vivir fuera del país, entienden la importancia de la participación electoral y dan el ejemplo, trasladándose al país por un fin de semana para ejercer el voto. Ejemplo de estos es Fernando Palomo, que a pesar de tener la agenda ocupadísima de un destacado comentarista deportivo en un medio internacional, no se le olvida que antes de comentarista es salvadoreño. Como él, hubo varios que hicieron el sacrificio de emprender el viaje y participar en las elecciones, y merecen reconocimiento.
Otros dignos de mencionar, fueron los candidatos que revistieron al proceso electoral de dignidad reconociendo su derrota y felicitando al contrincante victorioso, son estas actitudes las que fortalecen la democracia y la institucionalidad, pues son muestras de confianza en el mecanismo de distribución del poder que hemos escogido.
Quedan fuera de cualquier tipo de mención honorífica los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sus acciones pasaron rápidamente de la ineficiencia a la ilegalidad. Pasarán a la historia electoral de nuestro país, y no por los mejores motivos: a muchos se les está despintando ya la tinta indeleble y a estas alturas, aún no se tienen resultados oficiales. No hubo escrutinio preliminar, el escrutinio final no se ha revestido de la transparencia necesaria, la empresa a la que supuestamente encargaron la divulgación de datos claramente carecía del profesionalismo necesario y se escogió con métodos de cuestionable probidad (habría sido conveniente una licitación), y un sinfín de etcéteras que no han hecho más que dañar la confianza que debe tenerse en la institución encargada de velar por el proceso electoral. Una falta de respeto para los candidatos y sobre todo, para la ciudadanía: una burla a las más de veinticuatro horas que muchos sacrificaron contando a la luz de candelas o lámparas, asegurando que cada papeleta fuera contada.
Y la falla es de origen: no solo de una persona, sino de quienes colegiadamente dieron sus votos para escoger quiénes llenarían el tribunal como magistrados. De los partidos, por regalar las magistraturas motivados por la política y no por el mérito. Lo mínimo que podrían hacer a estas alturas los magistrados es renunciar: por dignidad propia y por respeto a la ciudadanía y al proceso.
Ha llegado el momento de que la misma ciudadanía conciente de la importancia de la participación electoral que sacrificó el sueño el fin de semana pasado, se vuelva a unir más allá de los colores partidarios para exigir la renuncia de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Más allá de exigir una rendición de cuentas por las faltas recientes, lo que debemos exigir es una renovación para proteger el funcionamiento de la institución a largo plazo. No se trata de política: se trata de institucionalidad. No se trata de los resultados: se trata del país. Y eso, nos importa a todos, con independencia de por quién votemos.
* Lic. en Derecho con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University. Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezg