El 26 de mayo de 2014 –días antes de que asumiera el actual gobierno– publiqué el artículo: La política de competencia en el próximo gobierno. En él proponía algunas acciones para desarrollar ciertas medidas que el presidente Sánchez Cerén planteó en su programa electoral.
Respecto a la “medida 206”, manifesté que esta puede concretarse en un compromiso para “promover la apertura y desconcentración del mercado”. Para ese fin expresé que debía buscarse lo siguiente: “1. Identificar las barreras que obstaculizan la competencia. 2. Promover políticas públicas dirigidas a derribar tales barreras”. Y luego agregué: “El instrumento para lograrlo son las evaluaciones de impacto competitivo”.
Como ejemplo exitoso de una evaluación de impacto competitivo que podíamos seguir, cité el caso australiano. Decía: “En la década de los 90 Australia hizo una evaluación con las siguientes particularidades: 1. No se analizó un sector de manera aislada, sino que se realizó una evaluación transversal a distintos sectores de la economía. 2. La evaluación se encomendó a un grupo de prestigiosos académicos independientes (Comité Hilmer); esto fortaleció su carácter técnico. 3. Fue una iniciativa del primer ministro; de manera que desde un inicio el gobierno central asumió un fuerte compromiso político para ejecutar las recomendaciones que finalmente se adoptaran, independientemente de cuales fueran”.
En estos meses se ha presentado una coyuntura ideal para ejecutar una evaluación de impacto competitivo como la australiana. Y así impulsar decisivamente la competencia y el libre mercado.
Los gobiernos de los Estados Unidos de América y de El Salvador suscribieron el acuerdo que viabiliza el Fomilenio II. Uno de los ejes de trabajo de ese instrumento de cooperación está dirigido a mejorar el clima de inversiones. Esa apuesta en particular tendrá un presupuesto de US$92.4 millones.
Entre los proyectos de ese eje aparece el denominado, “mejora regulatoria”. Consistirá en “[instalar] una institución que hará una revisión de los procesos, leyes y regulaciones existentes y recomendará la eliminación, reformulación o simplificación de estos a la luz de criterios técnicos. Las reformas se enfocarán en las regulaciones y procesos críticos para la competitividad de El Salvador en los mercados internacionales y puede incluir facilitación del comercio, paso de fronteras y procedimientos de aduanas, permisos medio ambientales y apoyo para mejorar la transparencia y la armonización de regulaciones municipales y nacionales” (tomado de sitio web de la Secretaría Técnica y de Planificación).
Ese proyecto podría configurarse de manera similar al Comité Hilmer de Australia. Es esperanzador. Pero por muy bueno que sea un diagnóstico técnico de las barreras en el mercado y sus respectivas recomendaciones, será un esfuerzo inútil si no hay respaldo político. Este es imprescindible. Pues la implementación de las propuestas que haga un equipo técnico para abrir los mercados, en muchos casos dependerá del Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
Además muchas medidas podrían ser difíciles de digerir. Habrán intereses sectoriales y políticos afectados. O las medidas propuestas, a pesar de necesarias, podrían ser impopulares.
Por ello, para garantizar su viabilidad, el presidente y todos los partidos representados en la Asamblea deberían, antes de que inicie el proyecto, expresar pública y categóricamente: 1. Su apoyo al proyecto de “mejora regulatoria”, y 2. El compromiso de echar a andar las recomendaciones que resulten, sean cuales sean.
De igual manera sería oportuno que las gremiales empresariales expresen de antemano su apoyo al proyecto de”mejora regulatoria”, y su compromiso de respaldar las recomendaciones que resulten de él.
Esta es de las pocas ventanas de oportunidad que se nos abren para que las políticas públicas se dirijan hacia la promoción de la competencia y la libertad económica. Sería lamentable desaprovecharla.
*Especialista en Derecho de Competencia. dolmedo@espinolaw.com @dolmedosanchez