La marcha blanca

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Delegación ya ha sido atacada en ocasiones anteriores. /

Por Por Luis Mario Rodríguez R.*

2015-03-17 5:00:00

Cuando Francisco Flores anunció la modernización del sector salud, los médicos organizaron una multitudinaria concentración que derivó en la recordada “marcha blanca”. La presión de los galenos obligó al expresidente a retirar la iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa porque el gobierno no logró eliminar la etiqueta de “privatizador” que los profesionales de la salud le endosaron al proyecto de ley. De manera similar, durante la pasada administración, el movimiento ciudadano conocido como Aliados por la Democracia organizó una concurrida manifestación, también teñida de blanco, en contra de los partidos que amenazaban a la Sala de lo Constitucional.

En los últimos cuatro últimos quinquenios los excombatientes del conflicto armado, los afectados por la pésima calidad de los servicios públicos y los sindicatos del Estado, entre otros, han ejercido su derecho constitucional a la libertad de expresión con la finalidad que sus peticiones sean escuchadas por el mandatario de turno.

Los indignados por el desempleo en España, los “okupas” de Wall Street tras la crisis financiera, los estudiantes en Chile ante el alto costo de la educación universitaria y más de un millón de ciudadanos contra la presidenta de Brasil Dilma Rousseff, protagonizaron importantes protestas en contra de la parálisis gubernamental y la corrupción.

En París, tras el sangriento atentado al semanario satírico Charlie Hebdo, millones de franceses caminaron por las calles de la “Ciudad de la luz” en rechazo a cualquier tipo de acto terrorista en contra de vidas inocentes. En esta ocasión, varios líderes mundiales, incluyendo al presidente de Francia, acompañaron el sentimiento solidario concurriendo a esa cita histórica. El aparato de seguridad del país galo reaccionó con tal prontitud, diligencia y severidad, que los habitantes de la República le respaldaron advirtiendo que la respuesta será rotunda y aplastante para aquellos que en nombre de la religión se atrevan a atentar contra los que no profesan su misma fe.

Las concurridas demostraciones de fuerza por parte de la sociedad civil son mecanismos de presión que permiten a grupos e individuos llamar la atención de las autoridades para que corrijan una determinada situación. No surgen del Estado, al contrario, se organizan en contra suya, y cuando la génesis proviene del oficialismo, o son falsas y se hacen para manipular a la opinión pública, o muy excepcionalmente, constituyen acciones estratégicas que muestran la unidad entre el pueblo y quienes ejercen el poder para combatir una amenaza externa.

El gobierno se apresta a organizar una marcha en la que los participantes vestirán de blanco y cuyo propósito será el de pedir la paz y la justicia para El Salvador. Para tales efectos se aprobó un asueto remunerado para el día 26 de marzo. Este tipo de actividades debería representar un enérgico reclamo dirigido a los jueces, los fiscales, los titulares de la policía y los diputados por ser los responsables del mantenimiento del orden, de la investigación de delito, de la aprobación de las leyes, de su aplicación y de la administración de justicia.

Las altas cifras de homicidios, el cierre de pequeños negocios por las extorsiones, el asesinato de policías y la angustia permanente de los salvadoreños por la posibilidad de convertirse en la próxima víctima, justifican el repudio de una marcha planificada desde el poder cuando la respuesta de las autoridades para combatir el crimen y la violencia ha sido, ahora y en administraciones pasadas, muy débil, electorera y descoordinada.

En la década de los Noventa, diferentes actores de la vida nacional constituyeron el movimiento “unidos contra la delincuencia”. El esfuerzo derivó en un gran evento celebrado en el Gimnasio Nacional al cual asistió el expresidente Calderón Sol y recibió de los organizadores un proyecto de reformas a los códigos penal y procesal penal, que el mandatario de turno se comprometió a presentar de inmediato a la Asamblea Legislativa. Más adelante, durante el quinquenio 1999-2004, cuando los secuestros agobiaban principalmente al sector empresarial, la agrupación civil resurgió con fuerza y criticó duramente a los ministerios y entidades públicas responsables por no batallar con firmeza en contra de las bandas de criminales. Los funcionarios reaccionaron y los secuestros fueron erradicados casi por completo.

Que el actual gobernante se ponga al frente de la marcha y lidere el esfuerzo es importante. Más relevante será que durante ese acontecimiento, sus colaboradores escuchen con atención las críticas de los ciudadanos y se comprometan a cumplir las recomendaciones del Consejo de Seguridad. Si el acto se utiliza propagandísticamente, el repudio aumentará y la actividad no será otra cosa que pura demagogia.

*Columnista de El Diario de Hoy.