Las elecciones del pasado domingo nos demuestran que falta un largo trecho por recorrer para que los comicios en El Salvador sean equitativos y transparentes. Con la firma del acuerdo de paz, los procesos electorales en El Salvador regularizaron su periodicidad y se convirtieron en competencias en las que participan distintas expresiones políticas que representan a diferentes segmentos de la población. Creímos que también estaba garantizada la transparencia de los resultados debido a que superamos la experiencia de los años de preguerra y los del conflicto, en cuya época los fraudes masivos irrespetaban por completo la voluntad popular. Sin embargo el reciente fracaso en la transmisión de los resultados preliminares por parte del organismo electoral, y en la administración del evento electoral en general, evidencia que, si bien ya no se presentan los “desfalcos de votos” de aquellas épocas, existen agujeros oscuros que debemos eliminar para garantizar una plena democracia electoral en el país.
La transparencia es fundamental en todo proceso electoral. Sin datos oficiales los partidos especulan sobre los resultados y los ciudadanos ignoran cuál fue el impacto que produjo su voto en la distribución del poder político. La proclamación de ganadores y la aceptación de la derrota en el caso de las alcaldías municipales, así como las proyecciones del número de diputados que los partidos creen haber obtenido, son todas puras conjeturas que deberán contrastarse con la información que resulte del escrutinio final. También lo son las listas de los candidatos que supuestamente se impusieron frente a sus compañeros de partido y lograron una diputación en la Asamblea Legislativa.
Ciertamente los institutos políticos cuentan con copias de las actas de cada una de las Juntas Receptoras de Votos que les permiten realizar sus propios cálculos. Esto si bien reduce las ansiedades de los actores partidarios a un límite tolerable, no evita el riesgo de severas disputas legales en caso que los números que arroje el conteo final por parte del TSE no coincidan con los cómputos de los partidos. Los conflictos que pueden surgir entre los competidores cuando los “cocientes y residuos” anunciados por el “árbitro” electoral no correspondan con los registrados por aquellos, se traducirán en impugnaciones que caldearán nuevamente el ambiente político. Ni decir el alboroto que se montaría en caso que dos candidatos de un mismo partido reclamen que el conteo de las marcas de cada uno es diferente al publicado por la fuente oficial y por tanto el asiento en el Órgano Legislativo le corresponde al aspirante que determinó el TSE y no a quien el partido político identificó como vencedor.
Por otra parte, los que han querido responsabilizar a la Sala de lo Constitucional del caos descrito están absolutamente equivocados. El tiempo, aunque no suficiente, fue el justo para que los magistrados acordaran unánimemente por lo menos tres aspectos fundamentales: la contratación de una empresa con las credenciales de la que prestó el servicio de transmisión y procesamiento de resultados en los comicios de 2012 y 2014; la aprobación de los instructivos para los miembros de las Juntas Receptoras de Votos, y una agresiva campaña de educación cívica. Con la primera decisión se habría evitado el bochornoso episodio que estamos padeciendo al no contar a la fecha con resultados de la elección; con el segundo, los encargados de contar los votos y las marcas y de rellenar las actas en cada JRV, seguramente habrían cumplido su labor en menor tiempo, y con la orientación a los electores probablemente el porcentaje de votos cruzados habría sido mayor. Aunque se supone que la cantidad de este último tipo de voto es relativamente baja, es importante conocer el impacto que tendrán en la distribución de los escaños y en la asignación de preferencias de los candidatos. Los nombres de nuevas figuras en algunos partidos revelan un efecto importante de las listas abiertas.
Tampoco se hizo nada por fiscalizar el financiamiento político. Sobre la equidad de la competencia electoral se ha denunciado desde hace varios años la desfachatez con la que actúan los partidos en relación a sus finanzas. El TSE ignoró por completo el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenaba revelar los donantes de los partidos y los montos respectivos. Debió crear una unidad de regulación, vigilancia y auditoría de los aportes privados y de la deuda política.
Finalmente el organismo electoral no ordenó retirar la propaganda a menos de cien metros de los centros de votación, permitió publicidad partidaria financiada por agencias públicas extranjeras y no impidió la “elusión electoral” que se genera cuanto los militantes de un partido con un domicilio determinado son nombrados vigilantes en otro municipio influyendo así en el resultado de la elección. La impunidad electoral fue de nuevo la gran ganadora.
*Columnista de El Diario de Hoy.