Esta semana, periodistas y usuarios de las redes sociales, hicieron circular los detalles de varios incidentes en los que ciudadanos se defendieron ante la agresión de delincuentes. Los casos que lograron más resonancia fueron aquellos en los que pasajeros que viajaban en diferentes rutas del transporte público atacaron a ladrones que pretendían asaltarlos. Lastimosamente, los buses que inundan las arterias citadinas y las paradas que las ornamentan, son dos de los principales escenarios en los que los salvadoreños son victimizados con mayor frecuencia.
Los usuarios del sistema de transporte público, al hablar sobre la crisis delictual en la que está sumergido el país, hacen alusión al elevado nivel de inseguridad y vulnerabilidad que experimentan durante sus desplazamientos. Este calvario diario es uno de los pilares sobre los que descansa la ahora común premisa que predomina en la mente de los salvadoreños: “salimos de casa sin saber si vamos a regresar.”
Años de estar expuestos a este peligroso escenario, transitado a diario por la mayoría de ciudadanos, y la percepción generalizada de que el aparato de seguridad estatal es ineficiente, inefectivo, parcial y corrupto, han llevado a que el salvadoreño promedio acepte, justifique y hasta aplauda hechos en los que se revierte la dirección de tradicional de la interacción cotidiana entre víctima y victimario. Los incidentes en los que la ciudadanía toma la justicia por su propia mano y contrataca a criminales, es celebrado por muchos a quienes la decadencia de la seguridad pública ha empujado hacia un esquema mental en exceso punitivo, en el que se racionaliza y condona que personas comunes y corrientes prescindan de los cuerpos estatales de seguridad y busquen imponer por si mismas la ley y el orden.
Esto es muy peligroso. La reciente experiencia mexicana con los grupos de autodefensas en Michoacán, ilustra a la perfección como este tipo de fenómenos puede rápidamente salirse de control y llevar a una crisis delictual mucho más compleja. Desde el principio, el apoyo ciudadano hacia los autodefensas en México fue fuerte. Lograron tal aceptación que el gobierno se vio obligado a negociar con ellos y hasta ofrecerles formar parte de los cuerpos de seguridad oficiales. Los autodefensas se convirtieron, al final, en un tercer actor que difuminó la línea que separaba lo lícito y lo ilícito, agregando diferentes tonalidades de grises. Indiscutiblemente, un contexto más enredado y difícil de resolver.
Las autoridades salvadoreñas han hablado de grupos de exterminio, pero nunca han presentado un caso concreto, con evidencias sólidas e irrefutables. Las declaraciones al respecto siempre parecen estar plagadas de bemoles políticos, partidarios y electoreros. Incluso empleadas, en ocasiones, como amenazas veladas en contra de disidentes ideológicos y críticos. Esto debe de cambiar. El problema debe de ser abordado de manera seria, profesional y objetiva.
No estoy abogando porque las personas que se defiendan legítimamente de una agresión sean irreflexivamente capturadas y condenadas. Sin embargo, también es un error fomentar la ocurrencia de estos hechos como lo hizo esta semana con sus declaraciones el subdirector general de Policía, Howard Cotto, quien inexplicablemente se desvió de su guion tradicional en el que aboga por desarmar a la ciudadanía honesta. Mucho menos estoy justificando o motivando a que las personas tomen la justicia en sus manos.
Las autoridades deben de interpretar bien estos incidentes. Una forma acertada es asemejándolos a las primeras burbujitas que aparecen en una olla llena de agua cuando está sobre la hornilla caliente, que indican que pronto hervirá y que, entonces, si no se disminuye la intensidad del fuego, el agua rebalsará y se estará ante un escenario caótico: la llama seguirá fuerte, la olla caliente y el agua desparramada por todos lados. La forma más eficiente y efectiva de resolver el problema es bajando la potencia del fuego que causa la ebullición.
*Criminólogo.
@cponce_sv