Amediados de enero de este año, el presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Cerén, presentó el Plan Quinquenal de Desarrollo que regirá todas las políticas y actuaciones del Ejecutivo durante los siguientes cinco años. En dicho plan, se plantea una visión de país que convertiría a El Salvador en un lugar que “ofrece oportunidades de buen vivir a toda su población”. Para ello, se han fijado una serie de metas relacionadas con tres pilares fundamentales: empleo, educación y seguridad ciudadana.
En el documento, el gobierno se compromete a “garantizar que todos los servidores públicos eliminen prácticas clientelares, paternalistas, y asistencialistas”, por considerarse que estas son “contrarias al buen vivir”. Con ese fin, se retoma la misma promesa que hizo el expresidente Funes, de “institucionalizar la meritocracia.” Como todos sabemos, Funes luego terminó regalando plazas, contratos públicos y hasta visas diplomáticas. Pero en una muestra más reciente de hipocresía, nos enteramos de que la nieta del presidente Sánchez Cerén, una estudiante de Relaciones Internacionales, fue nombrada como subdirectora de empleo juvenil en el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), desplazando así al hasta entonces subdirector, quien era un máster graduado en España. Además, una hija del presidente tiene un alto cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y un hijo tiene un cargo gerencial en Fonavipo. ¿Es esta la forma en la que pretende generar empleos en El Salvador? Para colmo del cinismo, en el documento se reconoce que en nuestro país, “para ingresar o progresar dentro del sector público, ha tenido más peso el clientelismo y el compadrazgo, que aspectos como la capacidad profesional, la formación, o los méritos personales.”
En el tema de educación, se señala que sólo el 60% de los alumnos completan el sexto grado, y que el desempeño de los estudiantes de cuarto grado sitúa a El Salvador entre los tres países de desempeño más bajo, en una medición de 37 países. Por ende, el Gobierno se compromete a garantizar a toda la población el derecho a una educación de calidad, mediante una mejora en los recursos que se destinan a este rubro. Son realmente impactantes las cifras mostradas en el documento, las cuales reflejan que las remesas que envían nuestros hermanos en el exterior duplican el gasto actual del Gobierno en educación y salud y equivalen a casi nueve veces el valor de la inversión extranjera directa.
En cuanto a la seguridad ciudadana, el Plan Quinquenal destaca que “en la sociedad del buen vivir, la seguridad es un derecho humano fundamental que el Estado está obligado a garantizar.” Se hace un diagnóstico bastante sensato de la realidad que todos enfrentamos, señalando que el 90% de la población se siente insegura en los lugares públicos y que el 37% ha dejado de acudir a espacios de recreación. Se reconoce que los homicidios han fluctuado de manera constante y que si bien las denuncias por extorsión han disminuido, hay un gran porcentaje de casos que no se denuncian. Hay una mea culpa en el hecho de que la garantía de protección para las víctimas es débil y que las intervenciones en prevención de la violencia, orientadas a la población en situación de riesgo, han tenido una limitada efectividad. Lastimosamente esta objetividad en el análisis se ve empañada cuando se destaca que, “a cinco años del cambio, las primeras victorias de la seguridad pública contra el crimen redujeron los homicidios”. El documento se atreve así a destacar como una victoria la negociación del anterior gobierno con las pandillas, lo cual fue recientemente calificado por el presidente Sánchez Cerén como un esquema que fortaleció a los delincuentes.
¿Dónde queda entonces, señor presidente, esa visión de un país próspero, equitativo e incluyente que ofrece oportunidades de buen vivir a toda su población? Somos alrededor de seis millones de personas, además de los hermanos lejanos que tuvieron que huir del país (según el Plan Quinquenal, principalmente por falta de oportunidades y delincuencia). La población no es solo ese puñado de involucrados en una cadena de favores y un “spa”, o los familiares que han sido beneficiados a través de los “compadrazgos” que tanto se critican en el documento. El buen vivir tampoco debe ser el utilizar recursos públicos para viajar por todo el mundo, adquirir terrenos o construirse mansiones al salir del poder. ¿Estamos hablando del buen vivir del pueblo o del buen vivir de los funcionarios del gobierno? Este punto no queda claro en la actualidad. Aún hay tiempo para corregir el rumbo, hay otras cosas que se están haciendo bien.
*Abogado. Colaborador de El Diario de Hoy.
@Arevalo_Rengifo