Las encuestas latinoamericanas que miden la calidad y la aceptación de la democracia señalan que su sobrevivencia es consustancial a la existencia de partidos políticos fuertes, con “marcas” arraigadas en la conciencia ciudadana, que mantienen la lealtad de sus votantes elección tras elección y con presencia territorial a nivel nacional.
En otras palabras, sin partidos transparentes e institucionalizados no puede haber democracia. Esta afirmación desconsuela a quienes rechazan la “partidocracia” y por el contrario anima a los que predicen una “larga vida” para aquel tipo de organizaciones políticas que eligen a sus candidatos y autoridades a través de procesos internos con voto secreto y que además muestran al público la lista de sus donantes, los montos que reciben y el uso que dan al dinero que el Estado les entrega en tiempos de campaña. Se trata de partidos comprometidos con la rendición de cuentas, con el bien común y con el diálogo político entre fuerzas de distinto signo ideológico.
En estos tiempos, en los que impera la “antipolítica” y durante los cuales una ingeniosa y creativa campaña publicitaria y un discurso con los énfasis adecuados se posicionan rápidamente por sobre un programa de gobierno serio, con metas, plazos y fuentes de financiamiento, los partidos importan. Son relevantes porque garantizan una sólida y organizada estructura, un ideario y un cuerpo colegiado que supervisa el comportamiento ético de sus máximos representantes y de los candidatos que alcancen cargos públicos. De esta manera quienes pretendan utilizar a las fuerzas políticas como vehículo para obtener privilegios en la administración prescindiendo de los códigos de conducta que rigen el comportamiento de sus miembros, podrían ser sancionados y expulsados por representar un riesgo para la estabilidad política del sistema.
Algunos de los liderazgos partidarios han entendido que la ciudadanía en pleno Siglo XXI es mucho más exigente que antes. Los votantes quieren más transparencia, más acceso a la información pública, instituciones eficientes y pronta y cumplida justicia. Aspiran a recuperar la tranquilidad que otorga un Estado que controla la seguridad pública y ejerce el “monopolio de la violencia”. Por eso promueven la presencia de nuevas figuras entre sus apuestas e incluyen a más mujeres y a candidatos jóvenes en sus planillas para legisladores y alcaldes. Hacer lo contrario amenazaría su permanencia en el mapa político además de abrir el camino a los “personalismos” que terminan aplastando los cimientos del Estado de Derecho.
Los griegos y los españoles están enfrentando esa realidad. Partidos que fueron protagonistas de la transición democrática en el caso español, ahora ven con tristeza cómo nuevas agrupaciones, con apenas diez meses de existencia, les sobrepasan en los sondeos de opinión para las elecciones generales de 2015. En el caso heleno, las nuevas autoridades consideran que formar parte de la Unión Europea es la causa de sus males y quieren anteponer “la soberanía y la dignidad nacional” con tal de incumplir sus obligaciones financieras y terminar con el plan de austeridad que se les impuso para estabilizar su situación fiscal.
El mensaje de aquellos que se encuentran al frente de esos “cuasi partidos” ha logrado encapsular la frustración de los perjudicados por el desempleo y por la crisis económica. La gente quiere soluciones simples en las que se deba sacrificar lo menos posible de su parte y esa es precisamente la promesa de la nueva casta de políticos como el español Pablo Iglesias y el griego Alexis Tsipras. En la actualidad nos enfrentamos a una epidemia que puede arrasar con la independencia de las instituciones; una enfermedad que con el artilugio de fomentar la “participación ciudadana” se aprovecha de las consultas populares y de los referéndum para otorgar más poder del que constitucionalmente les corresponde a los que capitanean estas nuevas aventuras caudillistas.
Hoy se celebra la octava elección legislativa y municipal desde la firma del Acuerdo de Paz. Sin la menor duda la democracia electoral se ha perfeccionado a lo largo de estos veinte años. Las urnas están más cerca de los ciudadanos; las listas son abiertas y por tanto es posible elegir candidatos de diferentes partidos políticos; los Concejos se integrarán por distintas fuerzas políticas; y teóricamente debería implementarse un control más riguroso del financiamiento político. Si bien estas nuevas condiciones son un incentivo importante para ejercer el sufragio, el mayor estímulo para animarnos a participar debería ser el de fortalecer a los partidos políticos. Ya sea asignando preferencias en una sola lista o cruzando el voto, lo cierto es que ahora los ciudadanos tenemos la oportunidad de renovar buena parte de los grupos parlamentarios con nuevas figuras. Para identificar a los mejores revise las plataformas de los partidos y las promesas de los candidatos y elija con un “voto informado”. Esté puede ser el antídoto que restablezca la salud de nuestras democracias.
*Columnista de El Diario de Hoy.