¿Estratagema de víspera electoral?

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??lvaro Lizama el día de su regreso al país cuando fue expulsado de la concentración de la Sub20 en Jamaica. Foto EDH

Por Por Carlos Ponce*

2015-02-24 5:00:00

Este mes, retornaron al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca a catorce de los treinta cabecillas pandilleros que permanecieron varios años en otros presidios, purgando sus penas bajo protocolos de seguridad menos rigurosos y gozando de otros beneficios que fortalecieron su capacidad de mando y control, como parte de las concesiones otorgadas en el marco de una oscura negociación propiciada por la administración de Mauricio Funes. La maquiavélica estrategia nunca gozó de la aceptación ciudadana y se convirtió en una de las principales fuentes de desgaste político para el oficialismo.

Las consecuencias electorales asociadas con esta medida fueron advertidas desde un inicio por el equipo de inescrupulosos que estuvo detrás del traslado inicial de la cúpula de mando pandillera, efectuado en el 2012, articulando todo bajo completo hermetismo. Sin embargo, la torpe y burda ejecución del movimiento masivo de los cabecillas, resultó en la inmediata denuncia mediática y obligó al Ejecutivo a enfrentar las repercusiones.

La primera reacción oficial fue ofrecer versiones alternativas que distanciaran al Gobierno del pacto directo con estructuras delictuales. Fue así que nació la ficción conocida como “la tregua”. La arrogancia, inexperiencia en seguridad pública y los mezquinos intereses personales de las personas involucradas, nublaron la claridad con la que se concibió la estrategia mediática inicial y, adormecidos por los potenciales beneficios de explotar la artificial reducción en las estadísticas delincuenciales, aceptaron públicamente su paternidad sobre “la tregua”. Así el oficialismo voluntariamente se fue acercando al oscuro pacto y asumiendo sus costos.

La vinculación se fue haciendo cada vez más profunda y condenable, a medida que los funcionarios y activistas que promovían y defendían “la tregua” fabricaban realidades que distaban de la experiencia diaria de los salvadoreños. Escuchar un discurso tan mentiroso y en favor de criminales, y, paralelamente, observar cómo crecía la influencia y control de las pandillas en sus barrios, hizo que la alianza entre el oficialismo y los grupos delincuenciales, día con día, fuera más obvia e indignante para la ciudadanía.

El traslado de los cabecillas indica que el partido oficial no está dispuesto a asumir los costos políticos de pactar con las pandillas, por lo menos durante las próximas elecciones. Existe una estrategia oficial orientada a marcar nuevamente distancia con el pacto pandillero, incluso a costa de sacrificar a Mauricio Funes, a quien el actual presidente ha señalado de negociar con cabecillas, asegurando que la estrategia de su antecesor muere con su administración.

En el pasado, funcionarios de seguridad han querido aparentar que combaten el crimen mientras, en secreto, negocian con criminales. Las pandillas demostraron ser una herramienta electoral muy efectiva durante los comicios del 2014. Resulta poco probable que el oficialismo no los utilice en las próximas elecciones. ¿Estamos en realidad ante un verdadero golpe de timón en la seguridad pública o frente a otro engaño mediático que busca cambiar la percepción ciudadana en vísperas de las elecciones del fin de semana?

Después de aproximadamente ocho meses en el poder, es curioso que la mayoría y las más drásticas acciones gubernamentales contrarias a “la tregua,” se concentren en las semanas antes de las elecciones. Esto no es una buena señal, considerando que el gabinete de seguridad está compuesto por políticos con una militancia histórica y radical en el partido oficial, funcionarios que no esconden su afinidad ideológica y partidaria con el oficialismo, y personajes que fueron parte vital de la negociación durante la administración de Funes. La posibilidad de que todo se trate de una estratagema se incrementa aún más al considerar que la incidencia delictual no ha crecido con el traslado de cabecillas, como se advirtió en el pasado.

Sin embargo, independientemente si la intención del gobierno es genuina o no, la ciudadanía debe de seguir presionando porque no se retorne a las medidas equivocadas del pasado y se avance en una dirección diferente y correcta.

*Criminólogo.

@cponce_sv.