l proyecto “Doing Business” fue lanzado en 2002 como un observador de negocios y compañías de tamaño mediano, proveyendo mediciones objetivas en relación a las regulaciones legales para iniciar empresas, comparando 189 economías y ciudades a nivel mundial y regional.
La idea de este proyecto es que por medio del desarrollo de un análisis comprensivo, se pueda proceder a comparar de forma equitativa los ambientes legales y regulatorios de países y regiones, con la idea de posicionarlos dentro de un “ranking mundial”, que le brinda al lector de la información una idea clara y estandarizada sobre la facilidad de hacer negocios en un país determinado al poder compararlo sobre bases objetivas con otros países de la misma región o del mundo.
Al inicio del proyecto se analizaron cinco indicadores respecto a 133 economías a nivel mundial; para el Informe de 2015 se analizaron 11 indicadores y 189 economías mundiales, las cuales incluyen Estados Unidos, Brasil, China, México, Indonesia, Japón, Rusia entre otras. Lo relevante de este proyecto es que se recibe información no solo del sector público-gubernamental, sino que la información proviene de académicos, universidades, profesionales de la practica privada y tanques de pensamiento de cada país o región, lo cual hace que la información, una vez condensada y organizada, sea invaluable para la toma de decisiones respecto a los inversionistas, para determinar sus planes de inversión a mediano y largo plazo en una región o país.
Es curioso que a pesar de que este Informe es un insumo insustituible para determinar lo bien o mal que estamos respecto a otros países de la región en términos de ser o no atractivos para la inversión extranjera, no ha sido retomado ni siquiera mencionado, aunque sea tangencialmente, por la clase política salvadoreña y mucho menos por los actuales candidatos a diputados y alcaldes, quienes deberían de conocerlo a profundidad ya que compara a El Salvador con otros países de la región de Centroamérica en términos de apertura de empresas, facilidad transfronteriza, marco regulatorio, comercio exterior, participación de las mujeres en la economía, y otros temas de cardinal importancia.
Resultaría sumamente interesante que a nivel intra gubernamental se analizase cuáles son las causas por las que el Informe revela que es “más fácil” hacer negocios en Panamá, San José de Costa Rica y Ciudad de Guatemala para así poder mejorar nuestras leyes para compararnos a esas economías. Resulta evidente en el Informe que los países que encabezan la clasificación en facilidad para apertura de empresas, han implementado sistemas como el de “ventanilla única” y “sistemas en línea” para abrir e iniciar un negocio, sin olvidar que el Informe también detalla que Panamá, República Dominicana y Costa Rica, se encuentran entre las 50 economías del mundo en donde el comercio transfronterizo es más fácil, mientras que El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, requieren más tiempo y mayor cantidad de documentos para importar y exportar.
Para abrir una empresa en Centroamérica, en promedio, se requieren 10 trámites, los cuales toman como mínimo 27 días a un costo de 42.1 % del ingreso per cápita. En El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana se debe cumplir además con el pago de un capital mínimo; en comparación, en los países con altos ingresos de la OCDE se requieren en promedio cinco trámites, nueve días y costos del 3.4 % del ingreso per cápita para abrir una empresa, lo cual nos hace como región y como país, sustancialmente menos competitivos para atraer inversión extranjera. Panamá que en algún momento se encontraba igual de rezagado que el resto del área centroamericana, ahora, habiendo ejecutado las reformas legales y administrativas correctas, abrir una empresa requiere nada más de cinco trámites y tarda únicamente seis días, con un costo de solo el 6.4 % del PIB, lo cual la ubica muy de cerca con el resto de países desarrollados en cuanto a facilidad para hacer negocios.
Este tipo de información no solo es valiosa para los potenciales inversores sino que es invaluable para nuestros actuales dirigentes, ya que aprender las mejores prácticas y reformas legales exitosas que han puesto en la ruta del desarrollo a otros países de la región, facilitaría la convergencia de nuestro país hacia mejores prácticas legales y administrativas, que definitivamente harían realidad ese dorado sueño del progreso nacional que desde hace décadas acarician tanto la derecha como izquierda salvadoreña y que no logramos consolidar debido principalmente a que la clase política, que es la llamada a crear las condiciones legales para que tales cambios se materialicen, tradicionalmente ve detrás de toda critica y señalamiento, como una oscura conspiración de la oposición y se opone a toda iniciativa de mejora, si dicha iniciativa no nace de su propia bancada legislativa.
Nos encontramos ahora a escasos días de elegir a una nueva Asamblea Legislativa, la cual tendrá en sus manos la posibilidad de ejecutar cambios sustanciales pero necesarios, que permitan a El Salvador posicionarse como una opción viable de inversión dentro del mundo empresarial, pero ello se puede lograr únicamente si los ciudadanos razonamos nuestro voto y marcamos –dentro de nuestras preferencias políticas– a aquellos candidatos a diputados que tengan las credenciales técnicas y personales, que nos hagan esperar que de ellos vendrán leyes que nos convengan a todos y no únicamente a sus patrones políticos. Votar pensando es votar por El Salvador, votar pensando es votar por tu futuro, votar pensando es votar por tus hijos, en estas elecciones razona tu voto y aprovecha las increíbles ventajas que te da el voto cruzado, hazlo por ti, por tu familia, por tu país.
*Colaborador de El Diario de Hoy.