Las experiencias de diálogo político y consenso social demuestran que el éxito de estas iniciativas depende, en buena parte, de integrar a todos los actores en los debates. El primer intento del actual gobierno en la materia será en el ámbito de la seguridad pública. Ya existe un producto con ciento veinticuatro recomendaciones que incluye la inversión requerida para cada una de las acciones. La discusión se ha trasladado ahora al plano de la implementación. Las autoridades con el apoyo de Naciones Unidas están evaluando las medidas para “bajarlas al terreno” e iniciar con prontitud su ejecución.
La primera etapa de este inédito ejercicio permitió la participación de representantes de los sectores sociales, religiosos, políticos y empresariales. Ahora, cuando los ciudadanos esperan ansiosamente que el trabajo produzca resultados efectivos, es necesario limitar la discusión a un segundo grupo de personas. Se trata de aquellos que, en algún momento, han ocupado cargos gubernamentales en el ámbito de la seguridad o han administrado programas desde el sector privado que contribuyeron, en su momento, a combatir el crimen. Nos referimos a funcionarios, empresarios y políticos que seguramente aportarían valiosas sugerencias para enfrentar el grave problema que vive el país.
No se trata de consultarles en una sola ocasión para demostrar el estilo incluyente del gobierno. El verdadero valor agregado se obtendría si se les incorpora en un comité técnico permanente que dé estricto seguimiento al cumplimiento del plan. Quienes lideraron en administraciones anteriores el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Dirección de Centros Penales y la inteligencia del Estado serían buenos prospectos para este segundo momento. También se debería invitar a los empresarios que colaboraron con las autoridades en la desarticulación de las bandas de secuestradores y a los que integraron distintos órganos de fiscalización al interior de la PNC, como el Consejo de Ética Policial.
Marginar la experiencia de exfuncionarios por razones ideológicas sería un grave error. Sus conocimientos podrían revelar importantes estrategias que probablemente no han sido consideradas por las autoridades de turno. Cuando la alternancia política sustituyó a quienes administraron el poder durante veinte años, en la policía, por ejemplo, se apartaron a varios investigadores, inspectores, subcomisionados y comisionados, acusándolos de haber estado a la orden de grupos empresariales. Nada más lejos de la verdad. Se trataba de valientes profesionales de la seguridad pública que conocían la naturaleza, las prácticas y el modus operandi de los delincuentes. Su gestión terminó con el delito del secuestro y demostró que un cuerpo policial motivado y con los recursos financieros y humanos adecuados es capaz de realizar sus funciones de manera eficiente.
En aquel momento se otorgó a la policía el presupuesto indispensable para la adquisición de equipo y además se atendieron las necesidades de los agentes y de sus familiares cuando algún miembro perdía la vida en el cumplimiento de su deber. No hacer falta ser “entendido” en la materia para concluir que una organización policial desmotivada simplemente no hará bien su trabajo. Si faltan armas, vehículos, uniformes, zapatos, delegaciones con las mínimas condiciones para cumplir las labores que exige el cargo, y si además los miembros de la PNC reciben pobres remuneraciones, la posibilidad que la corrupción infecte a la institución y que el crimen organizado haga de las suyas, aumenta exponencialmente.
Por otra parte, habiendo concluido la fase del “qué hacer”, llegó el momento de los consensos entre las autoridades para acordar el “cómo”. El plan contiene propuestas que requieren de leyes que las autoricen, de acciones de jueces y fiscales que las ejecuten y del involucramiento de líderes locales que se comprometan a recuperar el territorio junto a las autoridades. Se debe solicitar a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la República, a los alcaldes y a los líderes sociales y empresariales en los municipios, su colaboración directa en el desarrollo del plan. Sin el compromiso de las instituciones y de sus titulares es prácticamente imposible resolver el dilema del crimen en el país.
Los grandes consensos en materia de seguridad pasan por renunciar a la polarización política. Se requiere de una visión muy clara que permita discernir con serenidad las apuestas estratégicas para rebasar a los delincuentes e imponer el Estado de derecho. Más de lo mismo simplemente nos hará fracasar. En principio los recursos no deberían ser el problema. Reorientar las prioridades en el gasto público y aprovechar el apoyo internacional que vendrá de cooperantes como la “alianza por la prosperidad del triángulo norte” por parte del gobierno de los Estados Unidos, podrían ser fuentes suficientes. El verdadero obstáculo se encuentra en la falta de voluntad política para construir los grandes consensos.
* Columnista de El Diario de Hoy.