Durante los tres días antes de la elección y en el propio día de la misma, el Código Electoral prohíbe a los partidos, a todos los medios de comunicación y a toda persona natural o jurídica, hacer propaganda. La intención del legislador es que el votante utilice este tiempo para reflexionar sobre quién administrará mejor el poder político que le deleguen las urnas. La tempestad de encuestas, anuncios, promesas y populismo, además de los insultos y el ruido que causa la campaña electoral, impiden que el ciudadano se concentre en un aspecto que debería ayudarle a tomar la decisión final sobre su voto: los programas de trabajo. En un sistema como el salvadoreño, donde adicionalmente se promueven por cada partido tantos candidatos como escaños existen en la Asamblea Legislativa, el escándalo aumenta en dimensiones inmanejables.
En los últimos meses hemos presenciado la primera campaña bajo la modalidad de las listas abiertas. Para nadie era un secreto que las estrategias publicitarias de los partidos se fragmentarían. Cada aspirante ha promocionado su imagen, eligió un eslogan y asumió ciertos compromisos con los habitantes de sus respectivos departamentos. Esta realidad dificulta la identificación del eje central del mensaje partidario y rompe con la unidad que debería caracterizar la campaña de las fuerzas políticas.
Por otra parte, el restringido espacio de las vallas publicitarias, el minúsculo tamaño de los mupis, el alto costo de un spot de televisión y el limitado tiempo de una cuña de radio, evitan que los electores conozcan de manera completa las plataformas legislativas y municipales de los partidos políticos. Durante los dos últimos meses hemos visto más rostros que ideas y oído más consignas y frases publicitarias que planteamientos serios para enfrentar los problemas nacionales.
Los institutos políticos se han esmerado principalmente por invitar a votar por la bandera o a cruzar el voto, dependiendo de los cálculos que las dirigencias de los partidos han realizado. Muy poco han hecho por presentar seriamente a sus candidatos, por difundir su currículum y por aclarar la experiencia que tienen para administrar un municipio o para dialogar con el resto de diputados en la Asamblea Legislativa. Tampoco se han preocupado por explicarle a la ciudadanía el contenido de su oferta programática. Se han circunscrito a debatir argumentos muy pobres sobre algunos de los temas que más agobian al país sin precisar un plan concreto con plazos y fuentes de financiamiento que sirva, con posterioridad, para rendir cuentas.
Los asuntos de fondo se han evadido. No se debatieron aspectos importantes que seguramente inclinarían la balanza de los votantes a favor de una u otra opción política. Contraponer la visión de los diferentes partidos es de vital importancia en una campaña electoral. ¿Cuál será la posición de los grupos parlamentarios sobre el tema de las pensiones? ¿Legislarán para nacionalizar el sistema arriesgando la pensión de cientos de miles de salvadoreños? ¿Cuáles son las medidas para enfrentar el alto endeudamiento público? ¿Aumentarán impuestos o discutirán leyes para incentivar el crecimiento económico? ¿Discutirán un ordenamiento jurídico especial contra la delincuencia o continuarán con medidas electorales que no resuelven el problema? ¿Fortalecerán los instrumentos legales para consolidar la democracia representativa o impulsarán mecanismos participativos como el referéndum y las consultas populares y sobre cuáles temas? ¿Modificarán la Constitución de la República para garantizar que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer así nacidos o intentarán legalizar otro tipo de relaciones conyugales entre personas del mismo sexo? ¿Respaldarán la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural o seguirán con la idea de impulsar la interrupción del embarazo y la cultura abortista? ¿Robustecerán el sistema anticorrupción y la transparencia del financiamiento de los partidos? ¿Aceptarán elevar a rango constitucional el acceso a la información pública? ¿Tolerarán una reforma integral de los mecanismos de elección de funcionarios de segundo grado evitando su “partidización” en cumplimiento de lo establecido por la Sala de lo Constitucional? ¿Separarán las funciones administrativas de las jurisdiccionales en el Tribunal Supremo Electoral y en la Corte de Cuentas de la República? En esta última institución ¿reformarán la Constitución para elegir a sus magistrados con mayoría calificada y no con mayoría simple como actualmente consigna la Ley Fundamental? ¿Crearán circunscripciones electorales más pequeñas, que podrían derivar en distritos con un representante cada uno, con el propósito que el ciudadano identifique con claridad quién le representa?
En los tres días antes de la elección es recomendable meditar sobre estas cuestiones. Algunos partidos se refieren a ellas en sus plataformas legislativas. Consultar esos documentos y ayudar a distribuirlos entre amigos y vecinos vendría bien para votar de manera informada y no por un rostro o un lema de campaña. En la página www.comovotar.info puede encontrar cierta información al respecto.
*Columnista de El Diario de Hoy.