Los homicidios contra policías continúan. Hasta el momento, a escasos quince días del 2015, la cantidad de elementos policiales asesinados asciende a siete. Esto significa que las pandillas han liquidado un aproximado de un policía cada dos días, promedio que supera significativamente al de todo el 2014, que cerró con 39 policías ultimados, lo que equivale a un policía cada nueve días. Habiendo transcurrido solo el 4% del 2015, el número de homicidios en contra de policías ya representa el 18% del total registrado durante el año pasado.
Las agresiones letales, en general, han aumentado en un porcentaje similar con el que finalizó el 2014: con un incremento del 53%. Sin embargo, los asesinatos en contra de policías han experimentado un alza más pronunciada. Este grave contexto, se complica aún más considerando las recientes declaraciones del presidente Salvador Sánchez Cerén, en las que reveló, por primera vez, que la iniciativa impulsada por la administración de Mauricio Funes conocida como “la tregua” –contrario a lo que hasta la fecha se había sostenido en el discurso oficial– involucró una negociación entre cabecillas pandilleros y el Estado.
Los activistas de “la tregua” y los funcionarios que la defendían, se jactaban de que, desde su inicio, dicha estrategia implicó el cese de homicidios en contra de policías, soldados y custodios penitenciarios. Incluso, llegaron a sugerir que esto fue uno de los principales logros de los “mediadores”. Sin embargo, tomando en cuenta las revelaciones de Sánchez Cerén, el papel de los “mediadores” era marginal, ya que actuaban como negociadores nombrados por el Gobierno a través de los que se pactaba el intercambio de beneficios entre autoridades y cabecillas. La disminución de homicidios en contra de policías, soldados y custodios, por lo tanto, fue un logro del Estado y, lógicamente, un beneficio intercambiado por las pandillas en el contexto de la negociación.
Bajo esta lógica, la elevada cantidad de policías asesinados registrada durante el 2015, se puede interpretar como una re-calibración de posiciones en el marco de la interacción extralegal entre autoridades y grupos criminales. Sin embargo, en círculos de seguridad e inteligencia ronda información que sustenta hipótesis aún más oscuras. Algunos sostienen que el incremento delictivo es pactado y que busca crear un escenario en el que el actual Gobierno pueda desligarse mediáticamente de “la tregua”, para poder continuar pactando con las pandillas en la clandestinidad y adjudicar una eventual reducción artificial de la incidencia criminal al trabajo institucional, como pretendía la administración pasada. Otros aseguran que funcionarios y particulares fuertemente vinculados a la negociación pandillera propiciada por el gabinete de Funes, están detrás del recrudecimiento de la criminalidad, tratando de obligar a que sean incluidos en el “diálogo”, afianzar posiciones oficiales y protegerse de una potencial acusación fiscal.
Independientemente de cuál sea la lectura que mejor explique la actual situación, lo preocupante es que a pesar que Sánchez Cerén aceptó que el gobierno de su antecesor negoció con grupos criminales, no se han escuchado reclamos que exijan al mandatario o su equipo ahondar en esta grave declaración. Los tradicionales paladines de la transparencia, los derechos humanos y la justicia, no han hecho escuchar sus voces que en el pasado han probado ser tan sonoras. Los que se jactan de ser nobles defensores de los más vulnerables, no denuncian la negociación revelada por el presidente, ni exigen que los involucrados sean sancionados, castigados y vetados de cargos públicos.
Las pandillas lograron incursionar en la dinámica política local con mucho éxito, convirtiéndose en actores clave durante las últimas elecciones. El poder y control que ejercen en sus comunidades atraen a los malos políticos. En este escenario, guardar silencio ante lo revelado por el presidente o caminar en puntitas alrededor del tema, tiene el potencial de agravar la crisis delictual.
*Criminólogo
@cponce_sv