Afortunadamente, tenemos memoria. El 14 de marzo de 2012, una investigación periodística concluyó que el gobierno había negociado con las dos principales pandillas del país; que el gobierno trasladó a los líderes históricos de ambos grupos del penal de máxima seguridad a cárceles de menor seguridad y que las pandillas ordenaron parar la matanza.
Se trataba del primer gobierno del FMLN, el partido de la exguerrilla que dejó las armas en 1992 a cambio de que el Ejército dejara la seguridad pública y se creara una policía formada y dirigida por civiles. Pero también se trataba del gobierno que incrementó el gasto militar, que sacó a las Fuerzas Armadas para controlar el sistema penitenciario y que nombró a dos generales recién retirados como ministro de Seguridad y como director policial.
Luego de semanas de justificaciones por parte del entonces ministro sobre el traslado de pandilleros y la baja de homicidios, el expresidente Funes por fin apareció en público y negó la supuesta negociación, aclarando que el gobierno había facilitado una mediación entre pandillas cuyo acuerdo debía bajar a las estructuras desde las cárceles y por ello era necesario el traslado. Durante 2012 y 2013, se mantuvo una tasa de siete homicidios diarios y Funes reiteró el éxito de la tregua en foros internacionales al destacar la baja de asesinatos. Al coro se sumó su ministro de Seguridad cuando reveló que la tregua fue parte de su estrategia desde que asumió el cargo.
Tal era el éxito anunciado, que cuando la Sala de lo Constitucional declaró que nombrar a militares activos o en retiro para dirigir la seguridad pública violaba el espíritu del acuerdo de 1992 y en consecuencia la Constitución misma, los magistrados no solo recibieron la descalificación habitual del expresidente Funes, sino que también las del entonces vicepresidente y candidato oficialista, Salvador Sánchez Cerén. El ahora presidente dijo que con la sentencia se estaba “complejizando aún más el tema de seguridad en el país”, que “hay sectores que se han opuesto a la tregua (…) que cuestionan la política de seguridad” y que con “desarmar la institucionalidad se pone en riesgo la vida de muchas personas”. Mientras el militar que presumió de la tregua retornó a su puesto de ministro de Defensa –el cual todavía ocupa– su sustituto se apartó de la misma y los homicidios se incrementaron.
A diferencia de 2012 y 2013 que cerraron con un promedio aproximado de siete asesinatos diarios, en 2014 aumentaron en un 56% respecto al año anterior y diciembre cerró con 12 homicidios diarios.
Enero de 2015: quince homicidios diarios y siete policías asesinados a dos semanas de iniciado el nuevo año. En la tercera semana, más de una decena de familias abandonan sus casas por temor a una masacre anunciada en el municipio de Mejicanos, donde hace algunos años incendiaron un bus con los pasajeros dentro. Días antes, el presidente Sánchez Cerén inauguró el año con una declaración insólita: “no podemos volver al esquema de negociar con las pandillas”. Por su parte, el actual ministro de Seguridad afirmó que “la delincuencia en el país no es elevada, lo que pasa es que hay que distinguir entre la realidad y la percepción”.
Señores del gobierno: si se abstienen de responder qué harán con las pensiones, hasta cuándo aprobarán presupuestos mentirosos, cuánto costará el nuevo transporte público; si insisten en escudarse en un expresidente que está procesado judicialmente por recibir dinero de Taiwán cuando su partido recibe al mismo tiempo financiamiento de Venezuela de forma ilícita y guardan silencio sobre un expresidente cuyas empresas radiales presentan un incremento de varios dígitos a partir de su mandato y sobre otro expresidente que contrató directamente la publicidad por montos todavía ocultos al público, además de recibir una donación millonaria cuando era candidato y que fue declarada como préstamo para no pagar impuestos, según sus declaraciones. Si no tienen la carga ética suficiente para contestar A estas preguntas, ¿podrían al menos responder cuál es la política del FMLN en seguridad? Sin más retóricas: ¿cuál es la posición del FMLN frente a las pandillas más allá de las medidas de emergencia que son improvisadas, represivas e ineficaces –como la Ley Antipandillas– y cortoplacistas? Afortunadamente, tenemos memoria.
*Colaborador de El Diario de Hoy.
@guillermo_mc_