El trabajo del comunicador, sea este el de un periodista de un medio independiente o de gobierno, hasta el fotoperiodista o camarógrafo de un noticiero público o privado, es complicado y no está exento de crítica, censura y hasta de insultos. Esto se debe a que su labor está en el centro del debate público porque recoge, consigna e informa sobre hechos en los que están inmersos las personas que actúan de una u otra forma ante diversas situaciones.
Y es que los hechos en sí mismos, al contarlos tal cual, siempre implican, por un lado, la pasión propia de los actores sobre quienes se informa, y por otra, suponen una interpretación de lo ocurrido.
Así tenemos que desde un simple accidente automovilístico hasta la disputa entre dos naciones, los hechos suelen ser controvertidos, y no porque haya mala voluntad o ignorancia —que la puede haber—, sino porque hay distintos puntos de vista. En ese sentido, un filósofo decía, “el punto de vista crea el objeto de estudio”, lo que en lenguaje llano se traduce en que “las cosas son según el color del cristal con que se miran”.
Esto no exime a los informadores de cumplir con normas elementales para contar los hechos y hacer información y noticias lo más exactas posibles, objetivas, que recogen de la mejor manera lo ocurrido; esto, al menos, supone la intervención de tres elementos: uno, fuente, fuente clara y definida, esto permite entender de dónde vienen los datos fundamentales de un hecho o acontecimiento; dos, verificar lo que dicen las fuentes, esto se puede hacer con evidencias físicas como lo son documentos o con testimonios verbales de parte de los involucrados y, tres, contrastar las fuentes para determinar lo ocurrido o, al menos, poner las diversas posiciones sobre un caso en particular.
Veamos: el presidente de la Asamblea Legislativa se halla ahora en el ojo del huracán porque está asociado con un asesor de la Asamblea, quien ya ha renunciado al puesto, con el que compró varios terrenos pagando por ellos al contado y a un menor precio, lo cual está confirmado y explicado por unos y otros, incluso por el mismo vendedor, el IPSFA.
Dos circunstancias apuntalan el hecho: una, el involucrado cuenta con el apoyo de su partido, el FMLN, que sostiene que se trata de una campaña sucia y mediática contra el político de izquierda, frente a la incapacidad de la oposición política, ARENA, de llevar al banquillo al diputado presidente, y dos —esto es lo que más interesa resaltar–, que la información publicada por la prensa no sólo es válida, totalmente documentada, contrastada con varias fuentes, sino también legítima, propia de la esencia del trabajo de la prensa independiente, que tiene como misión, entre otras, el fiscalizar al poder político, a los funcionarios que ejercen el poder.
Acusar de campaña sucia lo que los medios serios publican además de trillado, acusa una enorme pobreza de criterio y demuestra la incapacidad racional para probar con hechos y argumentos que las transacciones “privadas” del político son legales y, por lo tanto, que están dentro del marco de la ley, que fueron hechas con transparencia como tiene derecho a realizarlas cualquier ciudadano honesto que “quiere superarse económicamente”, pero sobre todo, ajustado a los cánones éticos que debe cumplir y demostrar con celo todo funcionario público. Con mayor razón le corresponde hacerlo a uno que dice ser de izquierda y que ha sido un virulento crítico con políticos de derecha acusados de actos de corrupción.
Además —y este es otro punto por destacar—, se ha hecho uso impropio de los recursos mediáticos del Estado para “defender” y “atacar” a los supuestos detractores políticos del involucrado; esto es censurable porque este tipo de actos es lo que no hace crecer y desarrollarse lo que los funcionarios de comunicación de segunda, del anterior gobierno, sí el de Funes, pregonaban a los cuatro vientos: “crear medios de comunicación públicos, que sirvan a los ciudadanos y no al partido de turno”, mucho menos a políticos que están, provisionalmente, a cargo de la radio o la televisión o en la presidencia, en este caso, de la Asamblea Legislativa.
¡Qué difícil es para los camarógrafos de la televisión legislativa cubrir, por ejemplo, la plenaria del viernes pasado! Los diputados de ARENA pedían una comisión para que investigara al presidente de la Asamblea, mientras el diputado presidente les quitaba el sonido para que hablaran…. lo mínimo hubiese sido que se excusara mientras se trataba el tema.
Mientras tanto, ¿qué transmitía la televisión legislativa? por supuesto, no las protestas de los diputadores de ARENA sino la posición oficial del diputado presidente.
Es más, las pocas declaraciones dadas por el presidente diputado sobre el polémico tema de los terrenos ha sido a los medios legislativos, siendo entrevistado por los jefes … sin duda alguna, esto es usar el aparato mediático oficial, costeado con el dinero de los contribuyentes, en favor de una sola de las partes, involucrado en un hecho al menos cuestionado éticamente.
*Editor Jefe de El Diario de Hoy.
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