En días recientes pasó a ser todo un escándalo la venta que hizo el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) de cinco lotes ubicados en la residencial Greenside de Nuevo Cuscatlán, a la sociedad Terrenos e Inversiones, S.A. de C.V. (TERREIN), en la cual resultaron ser socios dos altos funcionarios de la Asamblea Legislativa, el presidente Sigfrido Reyes y su asesor legislativo Byron Enrique Larrazábal.
Las sospechas y críticas de la opinión pública se centraron primeramente en el descuento que otorgó el IPSFA en esta transacción. US$190,569 que resulta ser el 30% del supuesto precio. La empresa del presidente de la Asamblea pagó aparentemente de contado US$440,501.
Una cantidad nada despreciable, que se ha cuestionado, por los ingresos anuales de estos altos funcionarios a tiempo completo.
Frente a estos reportajes e investigaciones periodísticas, las exigencias de rendición de cuentas no se hicieron esperar. La oposición política, el Tribunal de Ética Gubernamental, las gremiales empresariales y jubilados del Ejército, los entrevistadores y comentaristas. Incluso, la Fiscalía abrió expediente del caso IPSFA. ¡Un verdadero escándalo!
La izquierda y sus aliados políticos mantuvieron un prudencial silencio y guardaron la distancia del diputado y del asesor legislativo. Las cúpulas los han protegido y apoyado.
Hasta este viernes apareció el presidente Reyes dando conferencia en radio oficial, alegando la existencia de malas intensiones de ARENA por la campaña electoral, alegando que se pretende dañar su imagen. Suspendió su visita al bello Marruecos y París ante esta penosa situación y dijo que en su memento hará uso del derecho de respuesta de ley a las publicaciones que inició un rotativo y replicaron todos los medios escritos, televisivos y radiales.
Todos estamos a la espera de sus explicaciones. Sobre todo del origen de los fondos de esta transacción, más de 440 mil dólares. Y también a la espera de noticias de otros negocios que realizan funcionarios miembros del Partido en el Gobierno. Negocios que suman cifras seguidas de muchos ceros. La nueva “clase empresarial” nacida de la política.
Los militares jubilados ya externaron sus preocupaciones sobre los negocios que hace el IPSFA al Comandante General de las Fuerzas Armadas. Piden explicación y transparencia del manejo de la institución de sus ahorros.
¿Y los excombatientes y lisiados de guerra del FMLN? ¿Y los militantes de este importante e histórico Partido, hoy formando Gobierno? Deberían exigir transparencia y cuentas claras a sus cuadros de dirigencia, a aquellos que viven en opulencia que ofende al ciudadano común. Se debe de cuestionar los viajes por todo el mundo con fondos públicos, incluso usando jets privados de amigos.
El principal problema es que historicamente criticaron el capitalismo y atacaron a la empresa privada y en pocos años pasaron del bus a autos caros, vestimenta de gala, buen aguardiente y hoy son dueños de propiedades y cuentas bancarias. No han sido congruentes con su discurso.
Haber sido combatientes y conspiradores, no les acredita derecho para hoy disfrutar caros lujos. Incorrecto es esconder fortunas personales.
Sus ex-compañeros, algunos hasta lisiados o viviendo en la pobreza, deben exigir cuentas de quienes hacen gala de inmoralidad y corrupción. Eso es inadmisible. La política correcta que exigen las nuevas generaciones no debe permitir que se utilicen los valores y la historia, ni en guerra ni en paz, para objetivos mezquinos.
No es correcto que malos políticos hablen con doble lengua, de justicia social, inclusión, preferencia por los pobres, y su modus vivendi genere gran patrimonio personal, obtenido de manera poco transparente.
En todos los partidos políticos las bases deben decir ¡Basta ya! Debemos exigir honradez, que se lleve a la justicia a quienes se corrompan. Sin que la ideología nuble.
*Colaborador de El Diario de Hoy.