El diferendo por la acciones de la GEO, entre INE s.a. / CEL y ENEL GP llegó a su fin. Fue para los socios un acuerdo conveniente y en ese sentido ambas partes manifestaron satisfacción.
La experiencia debe ser aprovechada por todos nosotros como formativa, pues hemos sido testigos no sólo del conflicto entre los socios, si no, mucho más relevante, de la embestida del Estado salvadoreño contra un inversionista extranjero.
De hecho esta faceta del conflicto no ha terminado, es justo lo que se discute en CIADI, el proceso está suspendido por seis meses en espera del desmontaje del tinglado legal que configuró el anterior gobierno.
Sobre este punto es importante señalar, que la relación en cuanto a las formas de resolver el diferendo comercial entre los accionistas (las acciones) y los procesos legales penales, contencioso administrativo y los meramente administrativos están inequívocamente unidas; lo cual trataré de explicar a continuación.
El proceso penal se basa en un acto que el fiscal configuró como peculado, un delito, y eso se refiere a la transferencia de acciones de LAGEO por parte de CEL a favor de ENEL, es decir según eso las acciones de ENEL tuvieron un origen ilícito.
Por su parte el proceso contencioso administrativo se basa en que existió en la decisión de CEL para contratar al socio estratégico y transferir las respectivas acciones, un acto que adolece de nulidad de pleno derecho, algo así como que el ministro de la Defensa nombre y juramente al rector de la Universidad de El Salvador.
Pues bien, si estos dos procesos no se terminan de la manera correcta, es decir el sobreseimiento pleno y definitivo de todos los afectados en el proceso penal y la declaración sin lugar por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la demanda de nulidad, nos enfrentaríamos al complicado hecho de que las actuales autoridades de CEL, el secretario Jurídico de CAPRES y el mismo fiscal estarían cometiendo una ilegalidad al avalar y desembolsar fondos del Estado para comprar acciones ilegales o nulas.
En otras palabras violentando el principio de legalidad, pues se habría pagado por algo que no tienen forma de legal de pagar. En el extremo, podríamos ver en el futuro sentados en la misma banca a los actuales acusados junto con las nuevas autoridades. Tal supuesto resulta claramente injusto e ilógico. Es castigar a los que buscaron y lograron soluciones y no a los que crearon un conflicto artificioso pero de graves consecuencias, y por tanto, sería continuar avalando el hostigamiento y la extorsión legal que montó el anterior gobierno.
En lo personal confío en que el fiscal y la Sala hagan lo correcto y legalmente exigido, pues ni ha existido el delito del que se acusa a los exfuncionarios, ni hay forma de hablar de una nulidad de pleno derecho. Esto no sólo es un gesto de corrección, sino también de coraje, es aquí cuando se miden los caracteres.
Finalmente espero que este gobierno, que demostró su voluntad y fuerza de principios, se distancie lo más que pueda del doloroso y nefasto expediente de utilizar la fuerza política del Estado, al mejor estilo de las dictaduras, contra un inversionista nacional o extranjero. Sólo garantizando este distanciamiento será posible que el propósito de generar mayor inversión extranjera y nacional se logré, pues nadie pensará en invertir si considera que por no gustarle al gobierno de turno las resultas de juicios o las exigencias contractuales, será perseguido y desconocidos sus derechos legalmente adquiridos.
*Abogado.