El trabajo es la más fundamental de todas las oportunidades económicas, por cuanto brinda a la gente un ingreso que le posibilita controlar diversos bienes y servicios necesarios para asegurar un nivel de vida decoroso. El trabajo es también ámbito de realización personal, de desarrollo de la identidad, de intercambio social, de capacitación permanente y de producción. El trabajo posibilita que la gente haga una aportación productiva a la sociedad y ponga en práctica sus aptitudes y su creatividad. Genera un grado elevado de reconocimiento, que favorece la dignidad y el respeto por sí mismo, y da a la gente la oportunidad de participar en actividades colectivas y de relacionarse socialmente.
Prácticamente todas las dimensiones del desarrollo humano son impactadas por el trabajo. El trabajo decente es soporte fundamental de la seguridad de las personas, por cuanto supone condiciones dignas de vida, de identidad y autoestima, y mecanismos normados de protección. En contraste, el desempleo y la precariedad laboral, además de generar desigualdad, provocan incertidumbre y visiones pesimistas sobre el futuro que pueden desembocar en desestabilización social y política. Además de privar a las personas de un medio para ganarse el sustento, la falta de empleo les roba oportunidades para desarrollar sus capacidades y menoscaba su dignidad y el respeto por ellas mismas. Cuando el trabajo es inseguro, la sociedad no puede seguir segura por mucho tiempo.
El trabajo decente es también una forma privilegiada de participación en la vida social que estimula la creatividad individual y brinda oportunidades para opinar y tomar decisiones a distintos niveles. Por otra parte, el trabajo incentiva a la gente a organizarse para construir o defender intereses comunes, además de que, al proveer ingresos, abre otras formas de participación ya sea como consumidores o como contribuyentes. El desempleo y la inseguridad laboral, por el contrario, privan a las personas de esas posibilidades.
Adicionalmente, el trabajo decente promueve la equidad al insertar al trabajador y a su grupo familiar en el tejido social, con todo lo que esto supone: pertenencia, acceso a servicios y significación. El trabajo remunerado de las mujeres también fortalece la equidad de género, ya que de esa manera éstas tienen un mayor control sobre los recursos del hogar. Por el contrario, el desempleo y la precariedad laboral dan lugar a que se consoliden profundas desigualdades entre quienes tienen acceso a las oportunidades que la sociedad ofrece y quienes quedan excluidos. Junto a este tipo de exclusión vienen dinámicas de discriminación y conflicto que obstaculizan el establecimiento de visiones y proyectos comunes.
Asimismo, el trabajo decente fortalece la gobernabilidad democrática, por cuanto genera en las personas la adhesión a un sistema claro de deberes y derechos que deben ser respetados por mutua conveniencia. El gobierno se legitima en su calidad de representante del bien común, al mismo tiempo que crece la solidaridad interpersonal y la ciudadanía se fortalece. En oposición, el desempleo y la informalidad laboral debilitan la gobernabilidad democrática, al atentar contra los derechos económicos y sociales de las personas, estimulan conductas de desobediencia a sus deberes ciudadanos y deterioran la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones. A medida que estas conductas tienden a asentarse, las privaciones del desempleo y la precariedad laboral dejan de afectar solamente a quienes los sufren, y generan incertidumbre y temores inclusive entre quienes disponen de un trabajo decente.
En síntesis, desde la perspectiva del desarrollo humano, generar suficientes trabajos decentes es la mejor fórmula para la estabilidad económica, social y política de un país, así como también, la base para obtener un crecimiento robusto, sostenido y equitativo. El pleno empleo, entendido como aquella situación en la que todas las personas en edad de trabajar y con capacidad y voluntad de hacerlo cuentan con un trabajo decente y con redes de seguridad social que las protejan ante situaciones de inestabilidad, debería ser, por lo tanto, uno de los objetivos de largo plazo centrales de todo país que haya asumido que la verdadera riqueza de una nación está en su gente.
En El Salvador, sin embargo, pese a que el reconocimiento de la laboriosidad de su población es uno de sus signos de identidad, el pleno empleo nunca ha formado parte de sus objetivos y aspiraciones como sociedad. “Tenemos que enfrentarnos a la terrible paradoja de que falta el trabajo para uno de los pueblos más trabajadores del mundo”, señalaba ya en 1972 el presidente Arturo Armando Molina en su discurso de investidura. Lamentablemente, 42 años después el trabajo sigue faltando. Para 2013, por ejemplo, el 48% de la población laboral del país estaba desempleada (6%) o subempleada (42%), además de que únicamente el 25% contaba con trabajo decente. Para que el pleno empleo sea una realidad en 20 años, El Salvador necesita generar 106,00 empleos formales por año, esto es cuatro veces más de los que se han generado en las últimas dos décadas. Un objetivo ciertamente difícil, pero que se puede lograr, siempre y cuando sea asumido previamente por los principales liderazgos económicos, políticos y sociales del país. Ojo para quienes sean invitados a integrar el próximo Consejo Nacional en el que se aborden los temas de fiscalidad, crecimiento y empleo.
* Economista jefe del PNUD.