Llevamos varias décadas escuchando, desde ciertos ámbitos políticos y académicos, que la guerra civil salvadoreña fue un proceso lamentable, trágico, catastrófico, pero en definitiva “necesario”, porque ofreció una alternativa práctica a la urgencia de cambios reclamados por amplios sectores de la sociedad. Quienes proponen esta tesis afirman que las situaciones de represión, injusticia y exclusión en el país llegaron a tal punto de ebullición, que el conflicto fue una especie de “salida forzada” a la tensa coyuntura histórica.
Los cálculos más conservadores coinciden en sumar alrededor de 85 mil muertes durante el periodo comprendido entre 1979 y 1992. Si ese cálculo es medianamente certero, resulta ser bastante más alto que las 55 mil víctimas del terror jacobino durante la Revolución Francesa, por citar un ejemplo. De hecho, nuestra lista de pérdidas humanas rebasa en varios miles el número total registrado por la guerra de independencia de Chile, o por la invasión de Estados Unidos a México, en el Siglo XIX, o por el largo conflicto interno peruano (activo desde 1980 hasta hoy).
Es difícil aceptar la “necesidad” histórica de 85 mil muertos. Muy difícil. Claro que es posible explicar las causas de las hostilidades, y vale la pena asumir el esfuerzo intelectual de ahondar en el origen de tanta beligerancia, pero justificar el alargamiento de la barbarie, cuando ésta asomó sus fauces al principio mismo de la guerra, eso es un razonamiento que sólo puede fundamentarse desde la ideología. No hay otra manera.
Como lo dice sin eufemismos Geovani Galeas en el documental “El Salvador: Los archivos perdidos del conflicto”, no hay nada heroico en ponerse delante de un empresario, al que se le tiene de rodillas y maniatado, para pegarle un tiro en la cabeza. Si “hacer la revolución” exige perpetrar este tipo de asesinatos, ¿dónde se traza, y quién, la línea que divide el coraje de la cobardía, la proeza de la irracionalidad, la “reivindicación histórica” del crimen estúpido?
Ernesto Guevara llamaba “revolucionario genuino” a quien con sangre fría llevara a cabo ajusticiamientos como el del empresario salvadoreño Ernesto Regalado Dueñas, en 1971. ¿Cómo debemos juzgar entonces a quien en 1989 llamó “defensa del Estado” al asesinato, también frío y alevoso, de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras al interior del campus de la UCA? ¿Cómo nombrar “justicia” a uno y “bestialidad” al otro, o “atrocidad repugnante” a uno y “acción de guerra” al otro? ¿Cuáles son las premisas para hacer distinciones entre dos hechos de barbarie? ¿Desde cuándo la objetivación moral del crimen de personas inocentes depende de quiénes lo realicen y bajo qué circunstancias?
Y veamos más allá, por favor, de las víctimas “famosas” del conflicto. ¿Qué hay de los muertos cuya memoria mantienen viva apenas un puñado de familiares? Pienso en ese niño de pecho alcanzado por una bala a orillas del Sumpul. Pienso en la sirvienta muerta por la metralla cuando secuestraban al empresario en cuyo hogar trabajaba. Pienso en el taxista herido en la garganta cuando transitaba por el Centro justo a la hora del tiroteo. Pienso en el muchachito de 12 años que, sin haberse aprendido una sola frase marxista, cayó abatido por la guardia cuando servía de “correo” entre células insurgentes.
A la católica piadosa que lloraba a su Arzobispo cuando fue aplastada por la turba, a la adolescente impactada por una granada durante el asalto al cuartel, al cipote reclutado que fue herido mortalmente por una mina, al padre de familia que no vio el alto, durante el toque de queda, y se desangró aferrado al volante de su automóvil… Al guardaespaldas ultimado, a la enfermera sorprendida en el fuego cruzado, al campesino muerto a golpes por “colaborar con el enemigo”… A todos ellos, “víctimas colaterales” de un conflicto al que también se llama “necesidad histórica”, ¿habrá quien les haga el homenaje de una reflexión más profunda sobre la locura, el odio desbordado y la intolerancia asesina?.
*Escritor y columnista de El Diario de Hoy.