l Superintendente de Competencia puede “ordenar y contratar en forma periódica la realización de estudios de mercado” (art. 13 Ley de Competencia).
Estos no son investigaciones. Su resultado final no es la imposición de una multa por haber cometido una práctica anticompetitiva. Los estudios de mercado son mapas de mercados específicos. Sirven para conocer un mercado, auscultarlo. De ellos no emanan sanciones; ni siquiera decisiones vinculantes. Resultan recomendaciones para que se modifiquen ciertas políticas públicas.
Los estudios de mercado son una herramienta para que la Superintendencia audite al gobierno y sus políticas. Si advierte que hay una ley, reglamento o política pública que distorsiona la competencia, que obstruye el libre mercado, o que limita desproporcionadamente la libertad económica, entonces debe señalarla y proponer los cambios correspondientes.
Su tarea es instar al Estado a remover obstáculos, impulsar la apertura de los mercados. El objeto de los estudios es promover que el motor del mercado sea la competencia, no la planificación y el intervencionismo estatal. Esta herramienta, aunque suele causar menos impacto mediático que los procedimientos sancionadores, puede ser más útil que tales para promover y garantizar la competencia. Los procedimientos sancionadores pueden terminar con una multa; y esta, finalmente, entrará a las arcas del Estado, no en el bolsillo de los consumidores. Pero la identificación de barreras a la competencia y la promoción de medidas para derribarlas sí puede provocar un cambio en la estructura del mercado que beneficie de manera efectiva a los consumidores.
Como toda función pública, la realización de estudios sectoriales está sujeta a límites. En su desarrollo la Superintendencia debe actuar dentro de un margen definido por la Constitución y las leyes. Actuando dentro de ese marco, la herramienta ofrece muchos beneficios al mercado y a los consumidores.
Pero su efectividad no depende en exclusiva de la Superintendencia. Al final se trata de un insumo técnico con un carácter recomendatorio. Si los estudios no tienen eco ni dentro ni fuera del gobierno, pueden volverse en un desperdicio de fondos públicos.
Tampoco puede considerarse que las conclusiones y recomendaciones contenidos están escritas en piedra e inhiben cualquier debate ulterior. Al contrario, los estudios deben ser el detonante de un debate sobre la apertura de mercados específicos. Un debate que para fortalecer su legitimidad y permanencia en el tiempo debe desarrollarse a un nivel técnico y político-democrático.
En un plano técnico sería enriquecedor que, al finalizar un estudio, este fuera objeto de un análisis abierto y conjunto entre la Superintendencia de Competencia, las autoridades reguladoras competentes, las universidades, los tanques de pensamiento, y los colegios de profesionales y gremiales empresariales relacionados al sector examinado.
Pasado ello, es imprescindible un debate político-democrático. Particularmente cuando la decisión de abrir mercados y cómo hacerlo, pase por aprobar leyes, o reformar o derogar las actuales.
La naturaleza de la Asamblea Legislativa es ser un foro de debate de los representantes del pueblo. De manera que es la sede idónea para que el pueblo, a través de sus representantes, debata y decida el rumbo de la política económica.
Para ello sería un insumo útil que las deliberaciones de la Asamblea sobre política económica se nutran tanto de los estudios realizados por la Superintendencia, como de las conclusiones que sobre ellos hayan emanado en el foro técnico antes propuesto.
El esfuerzo de la Superintendencia en realizar estudios sectoriales ha sido subutilizado. Puede y debe potenciarse. Hay maneras para hacerlo. Nos corresponde a todos que el trabajo que realice la Superintendencia se discuta y se traduzca en una concreta y efectiva defensa de la competencia y del libre mercado.
* Especialista en Derecho de Competencia.
dolmedo@espinolaw.com
@dolmedosanchezE