La galopante supremacía pandillera

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Los seleccionados realizaron sus prácticas en la cancha de la FESFUT

/ Foto Por Marlon Hernández

Por Por Carlos Ponce*

2014-11-11 5:00:00

La mayoría de comunidades urbanas salvadoreñas, respeta más las reglas impuestas por las pandillas que las leyes de la República. Las estructuras delictuales aprovechan la amplia ausencia del Estado y la poca efectividad de las instituciones públicas, para afianzar y ampliar la influencia y control que ejercen en los territorios en los que operan. Lamentablemente, la relevancia de esta nefasta premisa ha alcanzado niveles peligrosos. Los tentáculos del problema han penetrado a tal profundidad, que librarnos de ellos será difícil, aunque no imposible.

Algunos alcaldes, según información de círculos de inteligencia y seguridad, utilizan a las pandillas para ciertas tareas que tradicionalmente han sido responsabilidad de los Cuerpos de Agentes Metropolitanos. Por ejemplo, el edil de uno de los más peligrosos municipios de la zona paracentral, hace poco empleó a dichas agrupaciones delictuales para retirar las ventas callejeras, que por años se habían instalado en ciertas partes del casco urbano.

La condenable estrategia de este gobernante local, tácitamente reconoce la inefectividad de las instituciones públicas y, al mismo tiempo, la superioridad de las estructuras criminales, para ejecutar ciertas tareas. También ilustra a la perfección cómo la mayoría de comunidades respetan más las reglas establecidas por las pandillas que las impuestas por las autoridades.

Abundan los ejemplos relacionados a la supremacía pandillera sobre el Estado. Los más indignantes son los que contraponen de forma explícita al Gobierno central y las pandillas, en términos del control y la influencia que ejercen a nivel local. Esta semana trascendió, por ejemplo, que las pandillas prohibieron a los trabajadores de un proyecto de la alcaldía de La Unión, continuar con sus labores, les ordenaron salir de la zona y, además, exigieron el pago de extorsión. La obra municipal, que busca dotar de calles pavimentadas a múltiples colonias unionenses, fue condicionada por pandilleros. Dinámicas similares se han reportado en el pasado, cuando las pandillas han restringido la provisión de servicios y trabajos públicos en sus comunidades, como el desarrollo de censos, campañas de fumigación para combatir el dengue y chikunguña, y hasta el ingreso de equipos del Instituto de Medicina Legal para atender escenas de homicidios.

La negociación propiciada por el gobierno de Mauricio Funes, potenció esta supremacía en los lugares en los que ya existía y la extendió a aquellos en los que no. Empoderó a cabecillas pandilleros en sus localidades, como a Danni Fredy Ramos Mejía, alias “Cisco”, detenido hace unos días, acusado de extorsión y, paradójicamente, protagonista principal de un spot televisivo en el que aparece hablando maravillas del trabajo de las autoridades de seguridad pública en su vecindario.

Comunidades enteras están subordinadas a los designios de cabecillas pandilleros. La comunidad Las Palmas, por ejemplo, según reportajes de este periódico, es controlada por César Daniel Renderos Díaz, alias “El Muerto”, y su familia. Las intervenciones telefónicas presentadas en la más reciente acusación penal en contra de la estructura que dirige, revelan el control absoluto que ejerce el grupo delictual sobre la comunidad. Esta realidad está re-direccionando de forma progresiva el tejido social comunitario en varias jurisdicciones, en favor de las pandillas.

La situación es muy compleja y difícil de revertir, pero se puede lograr. Lastimosamente, estamos en un año electoral y esto afecta el abordaje del problema, entre otras cosas, por las posturas que adoptarán políticos, candidatos y funcionarios. Los dogmas ideológicos, los intereses partidarios y los potenciales réditos electorales de discursos populistas desplazarán a un segundo plano propuestas, iniciativas e ideas serias, innovadoras y técnicamente válidas y fundamentadas. Muchos esperamos que el daño colateral derivado de la campaña y el proceso electoral, no agrave el problema de forma significativa y que, después de las elecciones, existan las condiciones para abordarlo de forma correcta.

*Criminólogo.

@cponce_sv