Desde la reciente creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), algunos de sus miembros han adoptado posiciones ambiguas en relación a la posibilidad y viabilidad de impulsar, desde esa iniciativa, una nueva iteración del pacto pandillero propiciado durante la administración de Mauricio Funes. Esto, lógicamente, restó de inmediato el apoyo de muchos sectores ciudadanos, defraudados e indignados ante la posibilidad de que se estuviera fraguando otra negociación con estructuras criminales, utilizando el nuevo ente como fachada. Las voces disidentes han sido lo suficientemente fuertes y han planteado argumentos tan sólidos, que muchos de los que apoyaban un “diálogo” desde el CNSCC con las pandillas, ahora han cambiado su postura. Sin duda que esto constituye una victoria para los ciudadanos honestos, pero no marca el fin de la batalla. Falta superar un desafío aún más difícil y escabroso.
Funes y su séquito de seguridad se vieron obligados a justificar la interacción entre el Estado y cabecillas pandilleros. En marzo de 2011, la prensa denunció el traslado de las estructuras de mando de las pandillas a penales con protocolos de seguridad más laxos, ejecutado ese mismo mes, y lo vinculó a una oscura negociación en la que se pactó la reducción de las estadísticas de homicidio. Los funcionarios detrás del “diálogo”, al ser descubierto su plan, tuvieron que fabricar una mentira que fuera lo suficientemente creíble como para justificar el traslado y, al mismo tiempo, gozar de los réditos políticos derivados de la ficticia disminución en la cifra oficial de asesinatos y de su nueva relación con poderosos grupos delictivos. Después de probar varias mentiras, las autoridades se quedaron con la más creíble, bautizada mediáticamente como “la tregua”.
Navegar ondeando la bandera de “la tregua”, permitió que varios se sumaran a la mentira confeccionada por el oficialismo y, en consecuencia, que se continuara vendiendo descaradamente. Sin embargo, también abrió espacio para llevar el tema a la palestra pública y desplumarla, monitoreando, analizando y señalando los inevitables vacíos, contradicciones e ilegalidades que conllevan los engaños de tal envergadura. El descontento y la presión de la ciudadanía llevaron a que se abriera un expediente de investigación en la Fiscalía General de la República y, por lo tanto, que se indagaran los hechos a la luz de las leyes penales nacionales. También convirtió la iniciativa en una papa caliente que nadie quiere sostener. Apoyarla se convirtió en algo poco atractivo para importantes actores y sectores de la sociedad.
Esto no hubiera sido posible si la oscura negociación entre cabecillas pandilleros y el Estado, hubiese permanecido en la clandestinidad con la que se concibió desarrollar durante su planificación. Las autoridades fácilmente hubieran convencido a muchos de que la ilusoria reducción en las estadísticas criminales era el resultado del trabajo del aparato de seguridad.
Ahora, gracias a la denuncia mediática y a la consecuente presión ciudadana, no resulta atractivo ni conveniente apoyar públicamente “la tregua” o cualquier cosa que se le parezca, ya que implica altos costos en términos de apoyo de la sociedad. Políticos y otros actores sociales ahora ya no se atreven a mentir con tanta desfachatez para maquillar este tipo interacciones nocivas entre el Estado y estructuras delictuales. No obstante, esto no implica que las pandillas, su control e influencia hayan perdido el atractivo que generaron entre políticos y malos funcionarios durante los últimos años.
El rechazo público abre el espacio para regresar a la clandestinidad los pactos oscuros. Convertir esto también en algo poco atractivo es el siguiente desafío. Sentar un precedente penal es absolutamente vital para la consecución de este cometido. La persecución y sanción penal de quienes negociaron con grupos criminales, es necesario para disuadir a quienes ahora ven una oportunidad de entablar pactos secretos con estructuras delictuales.
*Criminólogo.
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