En enormes letras, en medio de El Zócalo, la plaza más grande del Distrito Federal en México, con una sonoridad que contrasta con el hasta ahora virtual silencio presidencial, la sociedad civil mexicana señalaba al culpable de la reciente masacre de 43 estudiantes: FUE EL ESTADO.
Sí, con la masacre en Iguala, en descaradísima violación del pacto social locquiano, el Estado se volcó contra su ciudadanía, los que le dan su razón de ser y justifican su existencia. El gobernador de la manera más cínica privatizó la fuerza pública para perseguir sus propios intereses, dejando como saldo 43 muertos que no podrán ya crearse su propio destino ni contribuir al futuro de México.
De muchas afrentas a la ciudadanía podemos decir, a lo largo y ancho del continente americano, FUE EL ESTADO. Ejemplos son la creciente militarización de las fuerzas policiales estadounidenses y de su indiscriminado uso de prejuicios raciales para la aplicación de la ley, lo que dejó ya una víctima mortal en Ferguson, Missouri y que ha llevado al uso desproporcionado de la fuerza para detenciones por crímenes menores. De la misma represión puede acusarse, diciendo FUE EL ESTADO, a las milicias patrocinadas por las autorizadas venezolanas y que fueron desplegadas para tratar con las protestas estudiantiles en Caracas en varias ocasiones. FUE EL ESTADO venezolano también el que no ha procurado un debido proceso a sus presos políticos, cuyo crimen probado es únicamente la disidencia.
Los anteriores son, obviamente extremos que hacen levantar la cabeza y prestar atención, pero en general son producto de la erosión de las limitantes constitucionales al poder que empiezan de manera discreta y paulatina, lo mismo que una avalancha, y que terminan dejando víctimas mortales cuando después de su largo recorrido ya se llevaron de encuentro elementos básicos para el funcionamiento de una república democrática, como son la rendición de cuentas, el principio de legalidad que vincula a todo funcionario de manera positiva a la ley –sólo pueden hacer aquello para lo que están específicamente facultados por las leyes–, la transparencia, y el importantísimo principio de igualdad ante la ley, ya que ni la protección de mil fueros contra procesos judiciales los exime de que les apliquen las consecuencias de la ley cuando la hubieren quebrantado robando o en algunos casos, matando.
Estos elementos se erosionan cuando como ciudadanía poco espabilada dejamos pasar las faltas pequeñas de nuestros funcionarios, y que van desde el uso de bienes estatales para favorecerse a sí y a los suyos –ya sea patrimonial o electoralmente– pasando por los aumentos patrimoniales inexplicables de expresidentes que entraron como ciudadanos de clase media al poder, hasta llegar al trato preferencial en la aplicación de las consecuencias de faltar a las leyes. Cada falta de este tipo que dejamos pasar, debilita las herramientas que tenemos para defender el Estado de Derecho y recubre al funcionario de la arrogancia de quien se siente intocable, y ¿qué lo detendrá mañana de privatizar el fin público del Estado de maneras que terminen con víctimas fatales? De nosotros depende.
*Lic. en Derecho con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University.
Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezg