Una de las garantías más importantes que toda competencia electoral debe ofrecer es la transparencia y agilidad en la transmisión de los datos. En la medida que los votantes obtienen en tiempo real los resultados del evento, se elimina toda duda sobre la veracidad de la información suministrada por la autoridad electoral.
La experiencia demuestra que cuantas más horas transcurren entre el cierre de las urnas y el primer “boletín oficial”, las especulaciones acerca de posibles fraudes y engaños crecen a pasos agigantados. Por esa razón es fundamental que la información fluya permanentemente desde que concluye el evento hasta que se da a conocer el escrutinio final y definitivo. En la actualidad, con los avances en materia tecnológica e informática, los árbitros electorales pueden facilitar, “en línea”, el acceso inmediato a los resultados por parte del público.
Bajo esta modalidad, los ciudadanos se transforman en “vigilantes cibernéticos” y van consolidando uno a uno los votos y porcentajes a favor o en contra de sus opciones políticas. Antes, sin este tipo de técnicas, no quedaba otra más que esperar en “la oscuridad” a que los funcionarios dieran a conocer los reportes parciales de resultados. Tampoco existía posibilidad alguna de contrastar la información oficial con los cálculos propios obtenidos por los mismos electores.
Durante las elecciones legislativas y municipales de 2012 y en las presidenciales de 2014, El Salvador ingresó a la lista de países que han modernizado su sistema electoral a través de la implementación de un avanzado sistema de transmisión de datos. La decisión del TSE facilitó el acceso a los resultados parciales desde el mismo momento en que concluyó la jornada.
Con ese objetivo, el TSE creó un sitio web exclusivo para el traslado de la información y permitió, sin restricción alguna, el acceso por parte de los interesados, minuto a minuto, con el propósito de facilitarles la contabilización de los votos de cada una de las mesas, centros de votación y municipios, conforme los responsables enviaban las actas “escaneadas” a la sede central del Tribunal y éste a su vez “subía” los datos a la página de Internet.
El reto durante esos comicios era grande, principalmente en las elecciones de diputados. Por primera ocasión, en cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, los salvadoreños podrían votar directamente por el candidato de su preferencia. Esta realidad exigía que el TSE realizara dos escrutinios: uno para contabilizar las marcas recibidas por cada uno de los aspirantes a diputados y otro para establecer el número de escaños obtenidos por cada partido político en las diferentes circunscripciones electorales. El Tribunal resultó bien librado y el mecanismo probó ser efectivo, transparente, ágil y oportuno.
De no haberse presentado un corte de aproximadamente media hora en la actualización de la información, el sistema habría obtenido la calificación de “sobresaliente”. A pesar de ese “momento de opacidad”, el TSE realizó una labor impecable que fue reconocida por diversas organizaciones de la sociedad civil y varios de los observadores internacionales. Salvo algunos casos excepcionales, la realidad es que se evitaron reclamos de los partidos, de los ciudadanos y de los mismos candidatos que por primera ocasión competían “hombro a hombro”, teniendo en cuenta que de acuerdo a la reforma electoral, quien se agenciaría un escaño en la Asamblea Legislativa sería el que mayor número de marcas obtuviera.
A seis meses de las elecciones de 2015, el TSE aún no comunica quién administrará el mecanismo que transferirá al público la información que resulte de las urnas. En los dos procesos anteriores, el Tribunal adjudicó el contrato a la compañía española INDRA, que de acuerdo a su sitio web, ha proporcionado ese servicio en más de 350 procesos electorales, en 21 países con más de tres mil millones de electores. Que se trate de la misma empresa o de otra diferente no debe tomarse a la ligera. En materia electoral, la transparencia es fundamental para la legitimidad del proceso, en consecuencia, garantizar la experiencia y honestidad de quien transmite los resultados es fundamental.
Por supuesto que el TSE tiene la libertad y la obligación de realizar una licitación pública para contratar los servicios del que realizará esta delicada labor. Sin embargo, la empresa que finalmente resulte ganadora, debe presentar como mínimo una pericia y veteranía semejante a la de aquella que ya probó ser efectiva en los comicios de 2012 y 2014, no porque exista una exigencia legal, sino para garantizar una labor eficiente, similar a la descrita para las elecciones anteriores. Si sucede lo contrario, se arriesgará la credibilidad del TSE, la legitimidad del proceso y la aceptación del escrutinio final por parte de quienes resulten perdedores, sobre todo si la diferencia con el ganador es por unos pocos votos.
* Columnista de El Diario de Hoy.