Las pandillas, el narcotráfico y en general el crimen organizado mantienen en vilo a los gobiernos de la región. Mientras persista este flagelo, la institucionalidad pública se encontrará en constante riesgo de ser infiltrada, la economía no se reactivará y los derechos fundamentales de los ciudadanos estarán permanentemente amenazados.
De manera similar a la sociedad salvadoreña, los guatemaltecos han iniciado un proyecto que supone el encuentro de los distintos actores para enfrentar la epidemia de los homicidios y de la expansión del narcotráfico. Recientemente, FUNDESA, un centro de pensamiento de reconocido prestigio del país vecino, organizó la décima primera edición del Encuentro Nacional de la Empresa Privada, una iniciativa que la cúpula empresarial de El Salvador impulsó desde el año 2000. El tema central del cónclave fue el de la “Seguridad ciudadana y cultura de convivencia” y la conferencia principal recayó sobre el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.
La estrategia del político norteamericano se basó en tres aspectos muy concretos: la priorización de la inseguridad como el principal problema a resolver, el análisis periódico y uso estratégico de las estadísticas criminales y la promoción de la “cultura de legalidad” con el lema de “cero impunidad”.
Otorgar una atención preferente al combate del crimen por encima de otras necesidades de los ciudadanos permitió focalizar recursos orientándolos exclusivamente a reforzar al departamento de policía del Estado y a mejorar la tecnología con la que contaba. Giuliani señaló a quienes le exigían más calidad en la educación y mejor infraestructura escolar, que primero debía generar un entorno seguro para que los estudiantes no temieran asistir a la escuela. Estaba convencido que al solucionar este obstáculo los negocios florecerían, se recaudarían más impuestos y entonces se podrían atender el resto de aspiraciones de los habitantes.
Por otra parte se otorgó una atención de primer orden a la interpretación de los números. Conocer el comportamiento de los delitos y confirmar si estos aumentaban o disminuían en diferentes demarcaciones de la ciudad, posibilitó a las autoridades dirigir y redirigir los operativos policiales a una u otra zona conforme los delincuentes migraban de un lugar a otro. Esa persecución, sin respiro, fue “limpiando” aquellos lugares en los que el hampa había tomado el control, deprimido el comercio y ahuyentado el turismo. Consolidar y estudiar la información, semana tras semana, con la presencia de los principales funcionarios, empezando por el alcalde, les hizo entender los movimientos de los criminales, inyectar los recursos donde era necesario y cambiar de estrategia con la facilidad y de la misma manera con la que lo hacían las bandas de criminales.
El tercer factor táctico fue la sanción de las faltas y delitos sin importar el infractor y el nivel de daño perpetrado. Se castigaba de manera severa, con la proporcionalidad de la sanción, lo mismo una violación que un homicidio o los incumplimientos de las leyes de tránsito. Era la aplicación de la famosa teoría de “la ventana rota” que suponía el cumplimiento irrestricto del Estado de Derecho.
A los factores anteriores Giuliani agregó, en el caso de Guatemala, el de la descentralización de las políticas de seguridad de tal forma que los municipios cuenten con más recursos, atribuciones legales y agentes policiales que les faciliten la lucha contra el crimen.
La otra experiencia es la colombiana, específicamente la implementada en la ciudad de Medellín. A diferencia del plan aplicado por Giuliani, en este caso se optó por la “recuperación del territorio” y por la convivencia. Jorge Melgizo, exsecretario de la alcaldía de esa localidad, explica que el éxito de su proyecto se basó en buscar “soluciones a los problemas y no problemas a las soluciones”. En un claro contraste con el caso de Nueva York, Melgizo y su equipo rechazaron la idea de más policías y promovieron el rescate de los barrios a través de actividades culturales, educativas y comunitarias. Los resultados fueron extraordinarios: pasaron de 381 muertes violentas a 26 por cada 100 mil habitantes en un período de 20 años; una reducción del 93 %.
El exfuncionario colombiano señala como factores de éxito al diálogo, a la implementación de estrategias de responsabilidad social empresarial permanentes y sostenibles, y a la articulación de las iniciativas de prevención impulsadas por el gobierno central, las municipalidades, los organismos no gubernamentales y la empresa privada.
Las soluciones a un problema tan complejo como el de la inseguridad no son “exportables” de un lugar a otro. Algunas de las medidas podrán aplicarse pero debe tenerse en cuenta el contexto y las características propias de cada país. Lo importante es que todos, funcionarios y ciudadanos, persigan una misma finalidad: la erradicación de aquello que no deja despegar al desarrollo.
*Columnista de El Diario de Hoy.