La estampa que nos muestra al “presidente de la Paz” entregando el acta de los acuerdos al mandatario de turno nos debería obligar a reflexionar sobre el largo camino recorrido en materia democrática. Seguramente esa foto ha sido mejor valorada por la comunidad internacional que por los propios salvadoreños. A los nacionales las diferencias ideológicas nos ensombrecen la mente. Ciertamente la inseguridad, el desempleo y los problemas cotidianos ubican en un segundo plano a la evolución del país en el ámbito político. Sin embargo, de vez en cuando es conveniente que observemos a la Patria desde un plano objetivo sin la pasión y el ofuscamiento que produce la polarización.
La discusión en pleno Siglo XXI ya no gira alrededor de los asesinatos o secuestros de los adversarios políticos. Cada vez más se disipan también las diferencias que pueden causar la simpatía de uno y otro partido por modelos políticos diferentes. Ahora la lucha es contra el populismo, la corrupción y el oportunismo político. Por otra parte los debates se agudizan y adquieren un sentido pleno cuando quienes los protagonizan han desempeñado a su vez el papel de opositores y el de gobernantes. Esa realidad genera actitudes benevolentes que no existirían si la alternancia política se hubiera postergado más allá del 2009.
Por eso es tan importante el gesto que presenciamos hace algunos días. Esas manos que se estrecharon hace casi 25 años en el castillo de Chapultepec, lo hacen de nuevo en casa presidencial, frente al retrato de monseñor Romero, en un contexto totalmente diferente al de aquella época. Estos gestos están repletos de un significado político que ha pasado desapercibido. Aunque la génesis de este acontecimiento fue la desafortunada y, probablemente, mal intencionada denuncia de un funcionario de gobierno acerca del “extravío” del acta que suscribieron los firmantes en enero de 1992, el rumbo que finalmente tomó el episodio generó una escena que debería explotarse principalmente por los partidos mayoritarios.
Se trata de dos personajes políticos que representan el símbolo de una época y cuyos liderazgos les hacen acreedores de un capital político de primer orden al interior de sus respectivas fuerzas políticas. Ambos han ocupado la presidencia de la República y los dos encarnan los intereses de fuerzas antagónicas que buscan el bien común por caminos muy distintos que ahora recién empiezan a encontrarse como consecuencia de los cambios geopolíticos y de la coyuntura económica, financiera y de seguridad que atraviesa el país.
Buena parte de los problemas que enfrentamos los salvadoreños surgen por la falta de un proyecto de nación. No existe continuidad entre uno y otro gobierno y cada uno, como nos lo recordaba el poeta e intelectual David Escobar Galindo, considera que su período es “el inicio de la creación” y la conclusión de su quinquenio, “el fin del mundo”. La interrupción de las políticas públicas, administración tras administración, retrasa el desarrollo económico y social, impide la identificación de una “hoja de ruta” que marque el largo plazo, y desincentiva a las nuevas generaciones que prefieren emigrar antes de fracasar en una nación que no les ofrece las oportunidades necesarias para concretar su proyecto de vida.
La entrega del acta que contiene el acuerdo de paz debe recordarle a los partidos que El Salvador está cambiando. Quienes se oponen a la reforma política ya no pasan desapercibidos; los que amenazan el principio republicano de separación de poderes son claramente identificados por la sociedad civil como “enemigos de la democracia”; el rechazo al acceso a la información pública ahora es castigado pecuniariamente; y quienes aún se atreven a cometer actos de corrupción es muy probable que sean alcanzados por el brazo de la justicia cuya extensión en la actualidad es mucho más amplia debido a la nueva legislación en materia de transparencia.
El encuentro entre Salvador Sánchez Cerén y Alfredo Cristiani debería impulsar una iniciativa de diálogo nacional permanente. Ya no hay lugar para las desconfianzas ni para las matonerías capitalistas y los experimentos totalitarios. Si la economía crece y la inseguridad ciudadana es controlada, aumentará la inversión, se generarán empleos y seguramente los réditos políticos vendrán para opositores y gobernantes. Si persisten las diferencias, perderemos todos, políticos y ciudadanos.
El consejo de seguridad y el resto de iniciativas de consulta ciudadana están intentando llenar el vacío institucional que dejó el fallido Consejo Económico y Social. La intención del presidente y de los funcionarios en ese sentido es ambiciosa y positiva. Sin embargo, se avanzará muy poco si en estas instancias no hay un objetivo claro y definido y un plan de trabajo que identifique plazos y responsables. Ojalá que el gesto de los artífices de la paz logre inspirar a unos y otros actores políticos para hacer lo correcto en el momento oportuno.
*Columnista de El Diario de Hoy.