La sumisión presupuestaria de la Fiscalía General de la República (FGR) erosiona la independencia que la ley confiere a su funcionamiento. Actualmente, el Ejecutivo puede utilizar la asignación de fondos como herramienta para mantener bajo control a la FGR o extorsionar a sus titulares y obligarlos a cumplir disposiciones de su interés. Este es un peligroso vacío legal que permite que el Gobierno central influya en las actuaciones o la calidad del servicio que ofrece la institución autónoma que tiene el monopolio de la investigación y persecución penal. La Corte Suprema de Justicia, precisamente para dificultar que el Ejecutivo pueda ejercer esta clase de presión sobre el órgano judicial, tiene asignado un presupuesto fijo (equivalente al 6% del presupuesto nacional), del que tiene absoluto control.
Durante los últimos cinco años, la asignación presupuestaria de la FGR ha experimentado importantes contracciones, según los datos del Portal de Transparencia Fiscal (http://www.transparenciafiscal.gob.sv). Todos los presupuestos, exceptuando el del año en curso y el proyectado para el siguiente, son menores al de $41.6 millones del 2009. Los montos asignados para 2010, 2011, 2012 y 2013, registran reducciones en relación al del 2009 de 14%, 9%, 18% y 6%, respectivamente. El presupuesto de este año, no obstante, refleja un incremento del 7%, al contrastarlo con el del 2009, y el proyectado para el 2015, aunque es menor, aún representa un pequeño aumento del 2% con relación a ese año.
Estos incrementos, sin embargo, no son proporcionales considerando los datos de otras instituciones. Según el sitio web antes mencionado, el Gobierno destinó al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y todas sus dependencias, un presupuesto de $300.3 millones durante el 2009. Los montos correspondientes a ejercicios fiscales posteriores superan dicha cifra de forma incremental. El presupuesto del corriente año representa un aumento del 26% en relación al del 2009 y, el proyectado para el 2015, un incremento del 41%. Ambos porcentajes están muy por encima del 7% y 2% de la FGR.
El Órgano Judicial, por otro lado, tuvo una asignación presupuestaria de $194 millones en el 2009 y los presupuestos de los años posteriores reflejan sustanciales alzas. El presupuesto para este año representa un aumento del 31% en relación a la del 2009 y el propuesto para el 2015, constituye un incremento del 42%. Ambos, muy por encima de las variaciones registradas para la FGR. La Fuerza Armada también denota un comportamiento similar en sus presupuestos, representando el de este año y el siguiente, aumentos del 10% y 9%, respectivamente, comparados con el del 2009.
Esta discrepancia en la asignación de fondos, en la que se favorece proporcionalmente el trabajo de policías uniformados sobre la investigación y persecución del delito, se ha advertido en diferentes espacios, por diferentes interlocutores y con diferentes enfoques. Sin embargo, todo indica que continúa la misma dinámica, a pesar de las vagas promesas del presidente y su séquito de seguridad de fortalecer la investigación.
Luis Martínez, fiscal general, ha justificado y solicitado un presupuesto mayor al asignado por el Gobierno. Además ha señalado las posibles consecuencias de no proveer de los fondos requeridos. Aún así, persiste la inequitativa distribución presupuestaria en el sistema de justicia penal salvadoreño, en detrimento de la investigación y persecución del delito. Esto se vuelve más preocupante considerando que la FGR investiga varios casos sensibles, como “la tregua” y “El Chaparral”, que tienen el potencial de afectar de forma negativa al partido oficial.
La independencia presupuestaria de la FGR es un elemento central que debe ser discutido y apoyado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, para fortalecer la investigación y persecución del delito.
*Criminólogo.
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