Esta semana el flamante presidente de la Asamblea Legislativa estuvo de viaje nuevamente, nos imaginamos que por trabajo, en Europa, en Ginebra, participando en las reuniones del Grupo Geopolítico de América Latina y del Caribe (GRULAC) en la Unión Interparlamentaria (UIP); como fruto de esta cita, el organismo internacional produjo un comunicado en el que muestran “su preocupación” y “rechazo” por la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en la que se determina que los diputados suplentes tienen los privilegios constitucionales, como el fuero, únicamente cuando sustituyen al diputado propietario.
No es la primera vez que se recurre a instancias internacionales para cuestionar lo determinado por la Sala de lo Constitucional; en otra ocasión se quiso poner como “supra juez” a la Corte Centroamericana de Justicia para que dirimiera la resolución sobre la elección de los magistrados de 2006 de la Corte Suprema de Justicia y la imposición de magistrados de 2012, con claras inclinaciones políticas partidarias; por supuesto que no prosperó y se impuso la lógica de la legalidad que manda la Constitución Política de El Salvador.
En ambos casos, se trata de asuntos eminentemente internos, con visiones diferentes de dos Órganos de Estado si se quiere, pero de estricta incumbencia nacional, donde la figura poco eficiente de los jueces centroamericanos radicados en Nicaragua poco o nada pueden hacer; nos imaginamos que poco o nada podrá hacer un organismo político internacional como GRULAC, que además es una organización que se mueve según el vaivén de las ideas políticas del momento.
He traído a cuento este tema, a vuelo de pájaro, porque se pretende invalidar, intimidar, coartar el trabajo de la Sala de lo Constitucional, como máximo organismo que garantiza la Constitución y los derechos fundamentales de los salvadoreños, por todos los medios posibles, inclusive con las mismas leyes. De igual manera, se trata de poner cortapisas a la labor de la prensa, de los periodistas y, en general, de la libertad de expresión, que no se alinea supuestamente a los “cambios” del gobierno, de los actuales inquilinos de Casa Presidencial.
Al igual que los gobiernos populistas, izquierdistas como los de Ecuador, Venezuela, Argentina, Bolivia o Nicaragua, acá en El Salvador se tiene la tentación permanente de “alinear” por todos los medios la labor de la prensa. Hay un mecanismo que pareciera se está siguiendo para lograr este objetivo, a saber: leyes y más leyes, supuestamente para garantizar los “cambios”, las mayorías, la democracia. Junto a esto, fortalecer los llamados medios públicos, que sí están alineados al gobierno de turno, con personal del partido y financiados con fondos de los contribuyentes. Esta doble dinámica la tenemos en país, donde cada vez más hay intentos de imponer leyes que regulen la práctica de la prensa independiente, así como tratar de fortalecer los llamados medios públicos.
Algunos ejemplos: los medios informativos no pueden publicar imágenes infantiles porque está regulado por la ley Lepina y, en algunos proyectos de ley contra el acaparamiento, no se puede informar de ello. En una futura ley de alimentos o la rimbombante garantía de la seguridad alimentaria, hay serias restricciones para la comunicación. Estos ejemplos emulan, lo que sucede en el Cono Sur, donde casi es prohibido publicar anuncios de supermercados porque incitan al consumismo.
Es importante que la PNC tenga su manual en el uso de la comunicación, cómo trabajar las vocerías, las conferencias de prensa , en general, desarrollar una política clara, transparente, de cara a la población de las actuaciones de la policía; esto es importante, pero ahora pedir “por anticipado las preguntas que harán los periodistas e incluso conocer de antemano el enfoque que se le dará a la información”, está fuera de toda lógica democrática.
El extraño, lo llamo así porque se trata de un asunto complejo, traslado de una frecuencia de televisión en un santiamén del canal 37 al canal 11, el tortuguismo en resolver y la sordera oficial ante los reclamos, muestran un segundo mecanismo, buscar quebrar la institucionalidad del proceso, fortalecer medios alineados “a los cambios” tal como ocurre en Venezuela donde los independientes han ido cayendo uno a uno, no solo por las cortapisas legales, sino también materiales como son las dificultades para importar papel y tinta, ya no se diga la “compra” de empresas de comunicación con un largo historial independiente. En Argentina el grupo Clarín ha sido y es blanco de ataques permanentes de este tipo.
En fin, tal como lo señalé la semana pasada, uno de los desafíos de la prensa en la actualidad está relacionado con superar el verticalismo de los izquierdistas que pretende coartar el ejercicio del periodismo libre.
*Editor Jefe de El Diario de Hoy.
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