Hace más de un año, en agosto del 2013, este periódico publicó un artículo que titulé: “Un tema descuidado por seguridad pública”. Aproveché este espacio, en esa ocasión, para señalar: (1) las nocivas disposiciones oficiales para el resguardo de personas detenidas y condenadas, giradas por el gabinete de seguridad de ese entonces; (2) el estado crítico de las bartolinas y penitenciarías del país; (3) las graves consecuencias de esta realidad sobre la dinámica delictual salvadoreña. Advertí que la administración de Mauricio Funes no había implementado o dado señales de que adoptaría iniciativas enfocadas exclusivamente a revertir las falencias antes mencionadas. Cerré mi columna con una afirmación categórica: “Cualquier estrategia seria, orientada a controlar la criminalidad, debe de considerar la renovación de las instalaciones en las que operan las bartolinas y las cárceles”.
Hasta el momento, las disposiciones instauradas por el séquito de seguridad de Funes continúan siendo aplicadas de forma generalizada. Lógicamente, el problema se ha agudizado y sus consecuencias son más numerosas y alarmantes. Según un reportaje publicado por este rotativo el lunes pasado, la Policía Nacional Civil tiene capacidad para alojar en sus bartolinas a 1 mil 500 reos, pero actualmente resguarda alrededor de 5 mil, superando así tres veces su capacidad instalada. En otro artículo periodístico publicado en abril del 2013, el entonces director general de la Policía reveló que, en ese momento, las bartolinas policiales albergaban a 3 mil 077 reos y, por lo tanto, en ese entonces, la capacidad instalada era duplicada por la cantidad real de personas detenidas. De acuerdo a estas cifras, en tan sólo un año, el problema de sobrepoblación de reclusos en las bartolinas policiales, se ha agravado de manera considerable.
Ambos reportajes explican que el gobierno de Mauricio Funes convirtió las bartolinas de las 22 delegaciones de Policía en satélites del sistema penitenciario, instituyendo la práctica ahora generalizada de recluir en cedes policiales a reos que tendrían que estar en una prisión debido a que sus casos ya están siendo procesados en los tribunales. Las celdas policiales fueron concebidas y diseñadas para hospedar de forma temporal a personas después de su detención, mientras transcurren las 72 horas previas a que sus casos ingresen a los juzgados y se les celebre una audiencia inicial ante un juez de Paz, quien ordena si los reos son recluidos (en un centro penitenciario), mientras su proceso avanza o si se les sustituye la detención por otras medidas.
La función asignada a las bartolinas policiales por la administración de Mauricio Funes, como lo expliqué en mi artículo de agosto de 2013, propicia el desorden y limita el control de las autoridades sobre la población reclusa. Esto, a su vez, crea un ambiente inseguro para reos y custodios, no permite dar el tratamiento adecuado a los detenidos, potencia los poderes fácticos que operan dentro del sistema penitenciario y, en consecuencia, propicia la corrupción de elementos policiales.
La nociva disposición, además, implica desviar los escasos recursos de la Policía para destinarlos a funciones que le competen a otra dependencia: la Dirección General de Centros Penales. El gobierno tiene a policías tratando de controlar una situación caótica que recae bajo la responsabilidad de otros funcionarios; mientras éstos podrían ser asignados a tareas que les corresponden y así nutrir los raquíticos dispositivos de patrullaje o potenciar los abrumados equipos de investigadores.
Esta desnaturalización de la función policial debe revertirse. Es un parche más con el que las autoridades tratan de calmar y esconder una de tantas bombas de tiempo en el campo de la seguridad pública, cuya explosión causará daños desastrosos. La reconfiguración de los sistemas carcelarios es crucial para controlar la actual crisis delictual y, por lo tanto, debe ser una de las prioridades más importantes para el gabinete de seguridad.
*Criminólogo.
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