La historia occidental ha evidenciado, en diferentes puntos de su desarrollo y en múltiples países, la instrumentalización electoral de la seguridad pública y la criminalidad por malos políticos de todas las variedades ideológicas, que favorecen operar bajo la perversa premisa: “el fin justifica los medios”. Existen claros ejemplos de la explotación política de los altos índices criminales para ganar elecciones vendiendo falsas esperanzas a la ciudadanía a través de propuestas populistas que cautivan votantes alimentando la sed punitiva que caracteriza a sociedades sumergidas en crisis delictuales, pero que no tienen efectos significativos.
También hay casos históricos que ilustran la total amoralidad de malos políticos que negocian con estructuras criminales, alcanzando oscuros pactos que favorecen sus intenciones electorales, a costa del empoderamiento del crimen y en detrimento de la seguridad de gente honrada y trabajadora. Además, la historia nos muestra cómo, siniestros gobernantes transforman los aparatos de seguridad en instrumentos de coerción ideológica y utilizan como eje central de estrategias diseñadas para asegurar la perpetuación de proyectos políticos y regímenes totalitarios.
Este tipo de manipulaciones políticas, históricamente han tenido desenlaces devastadores y la ciudadanía siempre ha sido la más afectada. El Salvador, por desgracia, no ha estado inmune a esta clase de dinámica y, en efecto, la actual crisis delictual se puede atribuir, en gran medida, a malas interacciones (presentes y del pasado) entre la clase política y la delincuencia y/o la seguridad pública.
Sin embargo, a diferencia de experiencias similares en otros países, en los que se propició un punto de inflexión temprano, el caso salvadoreño parece estarse agudizando. Esto es preocupante, considerando que la gravedad de los efectos resultantes está en función del tiempo en que se someta la institucionalidad del país a los debilitantes contextos antes descritos.
Hace unos días, Luis Martínez, fiscal general de la República, indicó que existe un proyecto político de la izquierda radical salvadoreña para el que su trabajo antidelincuencial representa un obstáculo. El funcionario contextualizó así el ataque verbal protagonizado por Sigfrido Reyes, alto dirigente del partido oficial y presidente de la Asamblea Legislativa, quien salió en defensa de un diputado suplente al que el Ministerio Público pretende procesar judicialmente por su presunto vínculo con el crimen organizado.
Las declaraciones de Martínez sugieren que una apuesta central para el desarrollo de las proyecciones de la izquierda ortodoxa de El Salvador es la instrumentalización de la seguridad pública y la criminalidad. Esto es grave tratándose de las afirmaciones de quien tiene bajo su responsabilidad el monopolio de la investigación y persecución penal en El Salvador. La nociva interacción entre el Estado y las pandillas, propiciada durante la administración de Mauricio Funes, y las numerosas denuncias que señalan la consecuente manipulación electoral de dichos grupos criminales por parte del partido oficial, brindan sustento a la posición de Luis Martínez, especialmente si se toma en cuenta su tradicional opinión crítica sobre “la tregua”.
Además, los audios de las intervenciones telefónicas presentadas por la Fiscalía como evidencia para sustentar su acusación contra el padre Antonio Rodríguez, también indican la instrumentalización política del crimen, en la que la izquierda radical busca crear una posición antagónica entre las pandillas y la derecha, asegurando así una fiel alianza, la cual alimenta utilizando dos argumentos: (1) las oscuras negociaciones actuales no serán posibles si la derecha triunfa electoralmente; (2) el presunto surgimiento de grupos de exterminio de derecha.
La sociedad salvadoreña está ideológicamente dividida y esto propicia actitudes fanáticas en las que se adopta la premisa “el fin justifica los medios”. Los que de verdad amamos El Salvador, sin embargo, debemos de dejar nuestra identidad ideológica en un segundo plano y no permitir que malos políticos jueguen con la seguridad pública y la delincuencia, de lo contario condenamos a esta y futuras generaciones a vivir por décadas a merced de criminales.
*Criminólogo.
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