Tener oportunidad de saber más sobre los asuntos públicos es un derecho humano fundamental, reconocido por convenios y declaraciones internacionales, la Constitución, jurisprudencia nacional y la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Para posicionar este derecho, cada 28 de septiembre se celebra el “Día Internacional del Derecho al Saber”. En el caso salvadoreño esta fecha debe ser vista con especial relevancia, pues el “Derecho al Saber” ha sido una conquista de la sociedad civil a través de una legítima presión popular, después de décadas de oscuridad y de gobernar a espaldas de la ciudadanía.
La legislación salvadoreña estaba contaminada de secreto con múltiples manifestaciones de discrecionalidad de los funcionarios públicos; por eso hubo tanta resistencia a que se promulgara la LAIP, la cual finalmente se encuentra en vigor a partir del 8 de mayo de 2011. Con la LAIP, estos espacios de oscuridad y discrecionalidad se han reducido, y la información en poder del Estado se maneja con mayor accesibilidad, sentando las bases para una mayor credibilidad y confianza en las instituciones democráticas. Se reconoce sin duda que la transparencia ha ido ganando terrero, al menos en la teoría. Se cuenta con información oficiosa de parte de las instituciones gubernamentales que, haciendo uso de sus páginas webs, han puesto a disposición información bastante relevante de su gestión.
La Sala de lo Constitucional ha dictado una serie de sentencias que han ido dotando de líneas jurisprudenciales que ahora son base para el Derecho de Acceso a la Información. Se cuenta con un Instituto de Acceso a la Información (IAIP), que dejando de lado las adversidades que tuvo que atravesar para el nombramiento de sus comisionados y la falta de solidez presupuestaria, ha dado signos iniciales de valentía.
A pesar del optimismo, vale recordar que la anterior administración trabajó un Reglamento a la LAIP, que contenía vicios jurídicos de tal magnitud, dando pauta para que se presentara un recurso de inconstitucionalidad contra varios de sus artículos, así como un posterior intento de reforma al Instituto garante con el fin de quitarle atribuciones y dejarlo como una figura inoperante. Vale la pena señalar que varias instituciones del Estado, entre ellas la Asamblea Legislativa y ciertas dependencias del Órgano Ejecutivo, se han resistido a la entrega de información. También se ha instituido un patrón en el cual, para evitar el pago de las multas establecidas por el Instituto, se apela a la Sala de lo Contencioso Administrativo, la cual ha estado admitiendo la revisión de las decisiones del IAIP, cuando la intención de la ley era que sólo se pudieran impugnar por parte de los particulares. Lo que se hace con una mano se deshace con la otra.
Ahora bien, dentro de los casos más exitosos de uniones dentro de la sociedad civil ha sido el establecimiento del Grupo Promotor de la LAIP, que ya tiene más de 5 años de existencia. Diversas organizaciones se unieron con el ánimo de formular un anteproyecto de ley y acompañar la discusión en el seno de la Asamblea Legislativa, pero una vez entró en vigor la ley, se han mantenido unidos, vigilantes ante los tropiezos en la constitución del ente garante que sería el IAIP. Cualquier otro grupo se hubiera dado por satisfecho con la entrada en vigor de la ley, pero el compromiso era tan grande y ante la posibilidad de la reversión de lo recorrido, que se optó por seguir unidos hasta que se dieran pasos más vigorosos en la implementación de la cultura de acceso a la información.
Los integrantes del Grupo Promotor sabían que se siembra por años y que los frutos se recogen hasta las siguientes generaciones. En la actualidad se puede apreciar que en la conciencia colectiva, la transparencia se ha ido arraigando, desarrollándose la capacidad para preguntar mejor y de forma insistente. Sin embargo es de reconocer que a pesar que se conoce mejor la verdad, aún no se percibe que la institucionalidad logre procesar todo lo que sale a la luz sobre cómo se manejan los asuntos públicos.
Estoy convencida que la democracia se fortalecerá a través de la transparencia y rendición de cuentas de nuestros gobernantes. Afortunadamente la sociedad está empoderada de su derecho a la transparencia como una “idea fuerza”, y se está fortaleciendo la premisa que la información en manos del Estado es un bien público. El país necesita crear ambientes de confianza y para ello manejar información en forma clara y accesible es un vehículo formidable.
*Columnista de El Diario de Hoy.