El Salvador cuenta con áreas de cultivo bajo sistema de avenamiento y riego que son públicas y privadas. Los cuatro Distritos con este sistema del sector público son Zapotitán con un área potencial de riego de 3,500 hectáreas, Lempa Acahuapa con 2,600 hectáreas, Atiocoyo Norte y Atiocoyo Sur con 3,950 hectáreas; sin embargo dicho potencial está subutilizado, tanto desde el punto de vista de la superficie efectivamente regada como de los cultivos establecidos. En el caso del riego privado existen 58 asociaciones de regantes en el país, las cuales no reciben el apoyo suficiente por parte del Gobierno para hacer un uso óptimo del agua, construcción de obras y mantenimiento de la infraestructura, equipos de riego y en asistencia técnica para mejorar la producción e impulsar la comercialización.
De acuerdo a algunas evaluaciones los Distritos de Avenamiento y Riego presentan problemas por falta de un plan permanente de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura (drenajes, calles, canales, puentes, etc.), están con maquinaria deteriorada, incluso en sistemas de bombeo, cuentan con escasa o nula asistencia técnica y de capacitación, y el alto costos de energía eléctrica los asfixia (Atiocoyo Norte y Zapotitán). Estos y otros factores no favorecen la competitividad de la agricultura de riego al incidir negativamente en los costos de producción y la rentabilidad. Si bien se cuenta con financiamiento desde el 2012 en tanto que la Asamblea Legislativa aprobó un préstamo de US$60 millones del BCIE para el sector agropecuario, proyectos como la reactivación de los distritos de riego quedaron sólo establecidos en el Dictamen del Decreto, ya que los problemas identificados no han sido atendidos para mejorar el uso productivo de estas tierras.
Estudios oficiales, indican que el país no está aprovechando adecuadamente su potencial de área bajo riego para la producción de alimentos. De acuerdo a la FAO, El Salvador tiene aproximadamente 273,535 mil hectáreas con potencial de riego, de las cuales sólo estamos aprovechando con ese sistema el 16% (45,000 mil hectáreas), siendo un índice de bajo aprovechamiento de tierras.
Lo que expertos proponen y esperan es que el MAG realice una evaluación del funcionamiento de los Distritos de Avenamiento y Riego para identificar necesidades de rehabilitación y mantenimiento, implementar una inversión permanente en la infraestructura necesaria dotando de maquinaria y equipos (sistema de bombeo) en estas áreas de riego, tanto públicas como privadas. Que exista política pública que dinamice la producción de alimentos bajo riego y que su potencial productivo se utilice para incrementar las cosechas. Que el MAG aporte a estos esquemas productivos de recursos humanos y financiero para fortalecer la asistencia técnica y la capacitación bajo un programa de cultivo bajo riego y el fomento de la diversificación agrícola, buscando el acercamiento de la oferta y la demanda. Lo anterior debe ir acompañado de un compromiso por parte de las asociaciones de regantes para hacer producir las tierras e invertir.
Se considera conveniente iniciar de inmediato la elaboración del Proyecto de Construcción del Distrito de Riego del Río Grande de San Miguel, lo que permitirá evitar el deterioro de esta importante cuenca, aumentando la producción agrícola y generando bienestar a las familias rurales. Desarrollar el potencial de oriente para abastecer los mercados convirtiéndolo en polo de desarrollo.
La actividad agropecuaria debe de prepararse también para valorar nuevas estrategias para enfrentar los retos del cambio climático. La evolución agrícola depende de la tecnología, su generación y transferencia, por lo que se tiene que privilegiar la coordinación público-privada para enfrentar esta realidad del cambio climático y sus riesgos para el sector agropecuario y agroindustrial, por la importante contribución de éste a la seguridad alimentaria.
* Colaborador de El Diario de Hoy.
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