Para que se pueda vivir en un El Salvador próspero y desarrollado se debe trabajar en la modernización del Estado. El cumplimiento de las funciones del gobierno se ve cada vez más amenazada, si no se hace una reingeniería de la administración pública. Toda la energía se debe volcar hacia los ciudadanos, para que se sientan satisfechos en la solución de sus problemáticas, sean éstas de acceso a agua, seguridad, transporte, comercio, etc. Sin embargo, el impulso de un nuevo marco regulatorio para la función pública, no está en discusión en la Asamblea Legislativa y tampoco se ve una actuación decidida del Órgano Ejecutivo.
La Constitución regula la carrera administrativa y desde la Ley del Servicio Civil de 1961, el tema ha estado bastante abandonado. En el obsoleto sistema con el que se cuenta, se tienen espacios para que las múltiples administraciones los hayan podido utilizar a su antojo. Con una ley tan desfasada, se preserva una aplicación bastante defectuosa, además de tener excluidos a una cantidad de servidores públicos. El sistema no ha podido detener el alto grado de discrecionalidad para contratar a personas que llegan a sus puestos por compadrazgos, amiguismos y clientelismo político. Con cifras del Seguro Social se puede constatar que sólo en la administración Funes se incrementaron 29,000 empleos públicos, sin considerar a los maestros, pues ellos cotizan en Bienestar Magisterial; es decir aumentó 23% encinco años, sin procedimientos meritocráticos. En la actualidad existen oficinas con exceso de empleados y otras áreas que requieren de técnicos y especialistas para funcionar. Se cuenta con un aparato amorfo, atrofiado y desconectado de la efectividad para lo cual fue creado.
El gobierno nunca ha rendido cuentas sobre la calidad de las personas que contrata, ni sobre los criterios de su selección, y de allí que resultan personas sin las destrezas necesarias, sirviendo al ciudadano en forma desmotivada e inefectiva. Obviamente, no se puede generalizar, en el gobierno también trabajan personas honestas con alta dedicación y usualmente sobrecargadas, pues en sus hombros también llevan el peso de aquellos que son intocables por algún padrino político, pero ¿cómo separar a los capaces de los incapaces?
Esta situación obedece a una inercia cultural del pasado, en la que se da por sentado que el que gana las elecciones tiene la posibilidad de usar el botín del gobierno para emplear a todos los que contribuyeron a ese fin. Esta es una fórmula para el fracaso de los gobiernos. Sin importar las preferencias políticas de los servidores públicos, se debe contar con personal idóneo y capaz. Es importantísimo que la burocracia brinde garantías a través de sus criterios técnicos, bajo evaluaciones de desempeño, políticas salariales adecuadas al esfuerzo y un clima adecuado para brindar buenos servicios para los ciudadanos.
Hace unos días, un amigo que trabaja en el gobierno me expresaba su inconformidad y desconfianza sobre la discusión del anteproyecto de la Ley de la Función Publica, pues me expresaba que de entrada se darían por terminados todos los contratos actuales. Creo que esa información puede ser incorrecta, pues en todos los países que se ha implementado, se incluye el respeto a los derechos laborales. A partir de la entrada en vigor de la nueva ley se da un régimen de transición, se crea una entidad rectora, un instituto de formación, sistemas de planificación del talento humano e información, entre otros aspectos. La nueva ley debe recoger un balance delicado, entre estabilidad para los empleados públicos a través de la preservación de derechos y deberes de los empleados públicos, frente a la eficiencia de los servicios que se prestan a los ciudadanos.
Gregorio Montero, Secretario General del Centro Latinoamericano de la Administración para el Desarrollo (CLAD), expresaba en una reciente visita, que El Salvador es de los pocos países latinoamericanos que no tienen instituto de formación y capacitación de funcionarios. Asimismo hacía la reflexión que usualmente estas leyes no gozan del total apoyo de los políticos. Ante tales resistencias debe ser la sociedad civil quien abandere el cambio hacia la modernización.
Se debe retomar la temática de la función pública para discutirla en profundidad, debido a la urgencia de pasar de la partidización de la administración pública a un sistema de méritos. Existe un anteproyecto que es perfectible, pero además de lograr su aprobación, se requerirá de un ente rector que vele por su funcionamiento. Este esfuerzo jamás se logrará sin el acompañamiento de la sociedad civil que exija mejores servicios y que denuncie los abusos de poder a la hora de llenar al gobierno de amigos y no tecnócratas honestos.
*Columnista de El Diario de Hoy.