El ejercicio de la función pública otorga poderes, entendidos estos como facultades o derechos para hacer determinadas cosas. Pero el poder en sí mismo, ya lo sabemos, no es fuente de criterio. En absoluto. Una persona insensata seguirá teniendo esa deficiencia aunque ejerza algún grado de poder. La sola facultad de mandar o decidir no otorga ninguna capacidad adicional a quien manda o decide, de la misma manera que a nadie se le garantiza la elocuencia por el mero hecho de tener una boca.
La ausencia de criterio para ejercer la función pública con eficacia, o al menos con algún grado de sentido común, está cobrando notoriedad en El Salvador. Es imposible dejar sin comentario, como penoso ejemplo, la última ocurrencia de nuestras autoridades sanitarias, que no por verse ampliamente sobrepasadas por las epidemias de dengue y chikungunya en el propio suelo renuncian todavía a la pretensión de enviar galenos salvadoreños a tratar enfermos del ébola en el continente africano.
El asunto sería anecdótico si estuviéramos armando misiones de asistencia médica desde un país con capacidad instalada para enfrentar epidemias, aislar pacientes con virus altamente contagiosos y personal sanitario suficiente para encarar la demanda de atención de nuestra población enferma. Pero viendo cómo el sistema de salud nacional se muestra incapaz, por enésima vez, de controlar los virus que cada año rebrotan en el país con la época lluviosa, ¿a quién se le pasa por la cabeza ofrecer nuestra ayuda para contrarrestar epidemias mucho más letales al otro lado del planeta?
Esta misma falta de juicio, rebautizada como “solidaridad”, ha tenido despliegues inverosímiles en los últimos tiempos desde el órgano legislativo. Hasta por tierras palestinas, en calidad de “enviado de paz”, anduvo el diputado que aquí se pelea con la Sala de lo Constitucional, el Fiscal General de la República, el Instituto de Acceso a la Información y casi cualquiera entidad o persona preocupada por la poca transparencia de que hacen gala nuestros funcionarios. Y a la lejana Rumania fueron a parar dos legisladores de ARENA que necesitaban enterarse, de primera mano, de la situación de los refugiados de Corea del Norte, en una “misión” cuya urgencia desmiente el nulo impacto que el viaje ha producido en asuntos domésticos.
Las denuncias de despilfarros en el Tribunal Supremo Electoral, externadas con energía por su nuevo presidente, nos hablan de otras formas abusivas de ejercicio del poder. Ya no es solo que se desfiguren y corrompan las facultades inherentes al cargo, sino que el criterio para atribuirse facultades ha excedido todo asomo de racionalidad y decoro. Sólo así se explican semejantes niveles de discrecionalidad en una institución encargada de velar –¡menos mal!– por la robustez de la transparencia y la justicia electorales.
De la incompetencia manifiesta en proyectos como el SITRAMSS hasta la abierta negativa de los partidos a revelar sus fuentes de financiamiento, el poder político se ejerce con unos parámetros cada vez más alejados de la honorabilidad que se precia a sí misma. Demasiada luz, al parecer, estorba. La falta de aptitudes obliga a ciertas actitudes, y estas, a su vez, van configurando nuevas ineptitudes. Es la de nunca acabar.
Decía Jean de La Bruyere que “los puestos de responsabilidad hacen a los hombres eminentes más eminentes todavía, y a los viles, más viles y pequeños”. Y es que al poder se lleva, ciertamente, todo lo que se tenía en el alma antes de llegar a él. Por eso también desde allí quedan más expuestos los defectos, las carencias y hasta los vacíos existenciales.
Se podrán extraer centenares de “leyes” sobre el poder –Marvin Galeas acaba de escribir una atinente columna sobre el famoso libro de Robert Greene–, pero la fuente de los vicios asociadas a los cargos de autoridad debemos hallarla en la naturaleza humana. Es allí donde nos hacemos esclavos de lo que el poder termina exacerbando.
*Escritor y columnista de El Diario de Hoy.