Cien días son muy pocos para evaluar seriamente una gestión presidencial. Sin embargo, los que detentan el poder, saben que son observados y que sus críticos examinarán minuciosamente su comportamiento durante los primeros tres meses y medio de gobierno. Por esa razón los mandatarios apresuran los anuncios de algunas medidas que podrían ser tomadas en cuenta por quienes analizan la realidad política y generan opinión pública. Querer demostrar eficiencia en un plazo tan corto siempre es un riesgo porque los funcionarios podrían asumir el papel de demagogos y populistas más que el de funcionarios competentes. También es un peligro no discutir públicamente las estrategias y las medidas que se utilizaran para responder ágilmente a las demandas ciudadanas.
Tratándose de un segundo mandato, la presión para quienes dirigen las instituciones en el Órgano Ejecutivo es aún mayor, sobre todo si al frente de los diferentes ministerios se encuentran, o los mismos titulares o funcionarios que fungían como viceministros u otros que prestaban servicios como asesores del despacho. Debería entenderse que el tiempo transcurrido desde el traspaso de mando a la fecha, es suficiente para elaborar el plan de trabajo que muestre las soluciones a los problemas que impidieron el inicio o en su caso la finalización de las obras estratégicas de infraestructura que resultaron inconclusas durante el quinquenio anterior.
También debe tomarse en cuenta el comportamiento de los actores externos y la habilidad que el mandatario de turno haya demostrado en este primer tramo de su presidencia para incentivar el diálogo y formar coaliciones y alianzas estratégicas. Romper con la polarización e intentar reconducir la agenda de entendimientos sobre los principales asuntos de interés nacional es fundamental para la inauguración del período presidencial.
Al presidente Sánchez Cerén le ha sido difícil mantener el equilibrio entre las aspiraciones de su organización política y los intereses del resto de sectores en los primeros cien días de gobierno. Eso ha restado efectividad a su mandato. El mandatario ha guardado silencio en varios de los incidentes protagonizados por el partido oficial. Los ataques a la Sala de lo Constitucional por la sentencia que ordena “despartidizar” el Tribunal Supremo Electoral, el nombramiento de funcionarios como consecuencia de un presunto pacto político entre el FMLN y una fuerza política minoritaria, y la insistencia por desaforar a dos diputados del principal partido oposición, comprometen al partido y arrastran al gobernante.
Las señales para la reactivación económica han sido contradictorias. Se impulsan varios de los proyectos que constituían una condición para iniciativas como el Fomilenio II y el Asocio para el Crecimiento y al mismo tiempo se aprueban nuevas reformas tributarias sin que las mismas formen parte de una solución integral al grave problema de las finanzas del Estado. Por un lado se presentan las bases de licitación para la concesión del Puerto de La Unión y se habla de una posible solución consensuada en el caso CEL-ENEL, que por cierto enviaría un buen mensaje a la inversión extranjera acerca del respeto al Estado de Derecho, y por el otro se utiliza un lenguaje agresivo y acusatorio contra el liderazgo del sector privado organizado.
Debe reconocerse que el presidente ha intentado reducir el nivel de tensión heredado de la administración anterior. Sus constantes llamados a la concertación y al diálogo han sido aceptados por los diferentes sectores y particularmente por la empresa privada. Los principales representantes de este último sector han entablado conversaciones directamente con el mandatario y con varios de los ministros. Sin embargo no se ha instalado un mecanismo de comunicación formal, periódico y con metas concretas que permitan evaluar la franqueza y las buenas intenciones por ambas partes.
El aval a los nuevos impuestos bajo la dispensa de trámites en la Asamblea Legislativa, la falta de claridad en el mecanismo que utilizará el gobierno para la adhesión del país al acuerdo energético conocido como Petrocaribe, la ausencia de una estrategia concreta en materia de seguridad pública y la falta de seguimiento para la instalación de las mesas técnicas de las que se habló durante los primeros encuentros entre la ANEP y el Ejecutivo, han ensombrecido el entusiasmo percibido después de la toma de posesión, el primero de junio.
De lo que no hay ninguna duda es del estrecho vínculo entre el presidente y su partido. Los lazos históricos que los unen no permitirían que fuera de otra manera. Esa sólida relación se ha reflejado en el nombramiento de altos dirigentes y de militantes “duros” del FMLN en las principales instituciones del Estado; en el apoyo del mandatario a las actividades políticas del partido, y en el respaldo del grupo parlamentario del Frente a las principales iniciativas legislativas del Ejecutivo. Esa realidad no representa ningún problema siempre y cuando su actuar no reste eficiencia a la administración pública.
*Columnista de El Diario de Hoy.