Después de casi década y media de cometidos los crímenes atroces contra Katya Miranda, fueron absueltos los principales sospechosos. “La impunidad, como siempre”, lloramos a una voz. Con la sentencia se le pone un final definitivo a las súplicas de una madre buscando justicia y a un proceso que tuvo más de controversial y cuestionable que de justo. Y con este final se hacen también definitivos la rabia y dolor, pero sobre todo, la impotencia que nos queda a la ciudadanía cuando el sistema de justicia, mecanismo que da operatividad a los derechos que tenemos solo por el hecho de ser personas, presenta resultados por debajo de nuestras expectativas.
La impunidad en este caso no nació esta semana, en que los magistrados que conocían de la casación estaban amarrados a las evidencias presentadas. Trabajaron en base a lo que tenían y estaban obligados, por ley, a resolver en base a eso y no en base a la opinión popular, independientemente de que en ella nosotros, motivados por la rabia y el asco, ya hubiéramos condenado desde que leímos los primeros reportajes u oímos las súplicas de una madre desesperada.
La impunidad que protegerá a los culpables de los crímenes contra Katya Miranda no empezó ayer con el envío de las cartas de libertad a los sujetos procesados. Esta impunidad fue anunciada y profetizada desde años atrás, cuando se reportaron procesos viciados, intervenciones ilegales, palancas dentro de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Sospechamos que algo así iba a pasar desde que se introdujeron las conexiones de los sospechosos con el poder. Y es que en el país la enfermedad no es la impunidad, esa solo es el síntoma de una enfermedad más grande, que es la corrosión del Estado de Derecho, que ha podrido la manera de la que se usa el poder.
No es que a las leyes les falten dientes, o que las cárceles no sirvan, o que los salvadoreños tengan tendencias criminales diferentes a las de otros lugares más pacíficos en el mundo. Podrían aumentarse las penas y reformarse los códigos procesales (que probablemente sea necesario), reformarse el sistema carcelario (que también urge) y mejorarse la calidad de la educación (que era tan necesario ayer como ahora), pero nada cambiará mientras el derecho sea teoría y no práctica y las consecuencias legales de los actos apliquen de manera selectiva.
La teoría de la elección pública de James Buchanan es útil para analizar este problema: implica entender que los incentivos de los sujetos de elección (o para efectos de este caso específico, de quien quiera que ostenta una posición de poder) no son diferentes a los de cualquier persona común, maximizarán su utilidad y buscarán favorecerse a sí mismos y a los suyos mientras las condiciones se lo permitan, con independencia de que su posición sea de servicio público. Sabiendo lo anterior, el Estado de Derecho sirve para limitar al poder lo más posible. Claro, ayuda empoderar a la ciudadanía a través de mecanismos de auditoría, como la transparencia y el acceso a la información pública, mejorar la administración de justicia con carreras basadas en méritos profesionales y no favores y exigir más de nuestro periodismo, para que reporte los hechos sin proteger o favorecer a nadie. Pero sin Estado de Derecho, ese que construimos todos y que comienza desde respetar las señales de tránsito y pagar las multas con independencia del cargo que se ostente, “la impunidad, como siempre”, será para siempre.
*Lic. en Derecho con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University.
Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezg