Durante esta semana, los espacios de opinión y programas de entrevistas han centrado sus discusiones y análisis en la evaluación de los primeros cien días de la administración de Salvador Sánchez Cerén, quien encabeza el segundo gobierno del FMLN y enfrenta situaciones críticas en diferentes rubros, heredadas por su antecesor, Mauricio Funes, primer presidente del partido oficial. La decadente situación económica y la grave inseguridad que experimentan los salvadoreños, han sido los principales tópicos abordados por expertos y analistas, como consecuencia de la desfavorable opinión ciudadana, revelada por encuestas recientes, en relación al abordaje oficial de dichas temáticas.
Periodistas y moderadores, en este contexto, plantean con mucha frecuencia la interrogante: “¿Ha cumplido el Gobierno sus promesas de campaña en materia de seguridad pública, en estos primeros cien días?” Considerando la endeble respuesta del gabinete de seguridad de Sánchez Cerén ante la crisis delictual salvadoreña y la excesiva cantidad de promesas que por tradición acompañan las campañas electorales, muchos se ven tentados a responder que el Ejecutivo no ha cumplido lo prometido. No obstante, en mi opinión, el FMLN se ha mantenido fiel a lo ofrecido: prometió poco y está entregando poco.
El apartado de seguridad pública del plan de gobierno de Sánchez Cerén, como lo señalé en su momento, era anémico. Aunque tocaba varios temas centrales, sus propuestas concretas eran pocas y pobres. El documento, para eliminar las extorsiones (uno de los principales problemas delictuales de El Salvador), por ejemplo, sólo incluía tres medidas vagas, dos de las cuales no eran específicas para dicho ilícito. El plan de gobierno tampoco incluía una descripción de cómo el ahora presidente analizaba el problema de criminalidad e inseguridad, lo que no permitía dar una congruencia estratégica a los endebles planteamientos y abría el espacio para no comprometerse con posiciones claras en relación a temas sensibles, como la negociación entre el Estado y las pandillas propiciada por Mauricio Funes, conocida mediáticamente como “la tregua”.
La poca claridad del abordaje oficial, la ambigüedad en el discurso de funcionarios de seguridad y la pobre respuesta gubernamental a la crisis delictual, guardan una perfecta consistencia con la raquítica propuesta difundida en su plan de gobierno de Sánchez Cerén para controlar la criminalidad.
Existe una seria desconexión entre la oferta estatal y la demanda ciudadana en el marco de la seguridad pública. La respuesta esbozada por los funcionarios del ramo, no es congruente con la gravedad del problema que experimentan los salvadoreños. El discurso oficial no ha logrado despertar la esperanza de los ciudadanos que sufren los embates de organizaciones criminales pujantes, delincuentes que operan de forma impune y un sistema de justicia penal ineficiente e inefectivo. Nada de lo que se ha ofrecido hasta la fecha resulta convincente o atractivo para la mayoría.
Bajo condiciones normales, esto resultaría extraño, ya que estamos a pocos meses de las próximas elecciones y un mal desempeño en el abordaje de uno de los principales problemas percibidos por la ciudadanía, tendría un impacto negativo en las urnas para el partido oficial. Sin embargo, el caso de El Salvador es atípico. Los últimos comicios dejaron claro que las pandillas se han convertido en una herramienta codiciada por políticos, quienes explotan el control y la influencia territorial ejercida por las estructuras delictuales, su poder coercitivo de facto y su reputación violenta, para fines electorales.
Esta peculiar y grave dinámica, y el aparente desinterés del Estado para controlarla y desarticularla, plantea un reto importante a los ciudadanos honestos: Ante el abandono del Gobierno es necesario que los diferentes sectores de la sociedad se organicen y, de forma pacífica y dentro del marco de la ley, comiencen a trabajar por que las condiciones actuales se reviertan. Al parecer, nadie más lo hará.
*Criminólogo. @cponce_sv