Algo nos están ocultando. En 2011, la Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía me entregó información sobre la cuota de mercado de Alba Petróleos, los precios de venta de gasolina, los costos de importación del combustible, entre otros datos. Solicitar dicha información no debería causar extrañeza al tratarse de una empresa con fondos estatales, con una participación relevante en la vida política y electoral del país y perteneciente a un rubro que impacta la economía familiar. De hecho, en esa ocasión, bastó con comunicaciones vía correo electrónico para que la entonces Jefe de la División de Regulación y Análisis de Mercado me proporcionara tales cifras.
En septiembre de 2013, ya bajo el procedimiento establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, hice la misma solicitud para actualizar los datos de los últimos años. Para mi sorpresa y fuera del plazo que la ley indica, el Ministerio de Economía se negó a brindarme las nuevas cifras y las declaró como “información confidencial” bajo la causal de “secreto comercial e industrial”, como si se tratara de métodos o estrategias de comercialización o de distribución cuya divulgación implicara desventajas competitivas para Alba Petróleos. De nuevo: se trataba de información básica sobre un mercado constantemente supervisado por razones obvias; información que el gobierno ha registrado desde hace varios años y que me había entregado sin dificultades. Acá comienza la oscuridad…
En octubre de 2013, acudí al Instituto de Acceso a la Información Pública para hacer valer mi derecho a la información; el cual, ha sido reconocido como un derecho fundamental, es decir, como un atributo cuyo desconocimiento equivale a desconocer la dignidad humana misma. Ante ello, el Ministerio de Economía presentó una carta de marzo de 2013 en la que el vicepresidente de Alba Petróleos –actual viceministro de Educación– solicitó al Director Regulador de Hidrocarburos y Minas que la información proporcionada por la empresa fuera confidencial. A inicios de 2014, el Instituto resolvió que la causal de “secreto comercial e industrial” no aplicaba y ordenó entregar lo solicitado.
Lejos de entregar la información, el gobierno se dedicó a retrasar el proceso mediante escritos que repetían textualmente el mismo argumento de “secreto comercial e industrial” en su literalidad, al estilo “copiado y pegado” tal cual. Bajo esa lógica, el entonces ministro de Economía –ahora supuesto precandidato a alcalde de Santa Tecla por el partido gobernante– pidió que se revocara la resolución, pero el Instituto la reconfirmó. Al hacer caso omiso de lo resuelto y mantener la información oculta, el exministro fue sancionado con una multa de $6,060, y en igual sentido, se solicitó anular la sanción, pero el Instituto la revalidó. Hasta la fecha no he recibido información alguna ni el exministro ha pagado la multa, pese a que el Instituto le fijó un plazo para cumplir ambas obligaciones o de lo contrario enviaría el expediente a la Fiscalía General de la República para determinar responsabilidades penales por desobediencia. El último acontecimiento fue el anuncio que hizo el exfuncionario en cuestión de que el caso sería resuelto por la Corte Suprema de Justicia. En otras palabras, quieren trabar el caso en un proceso judicial que dura varios años y que acarrea un costo innecesario para el Estado y para el sistema de justicia.
¿Qué nos están ocultando sobre Alba Petróleos? No lo sé. En principio, ocultan algunas cifras que no deberían de originar polémica. Sin embargo, la resistencia a transparentarse permite diversas especulaciones. Lo que sí sé es que en diciembre de 2013, un estudio de la Universidad de Salamanca concluyó que el dinero de Alba Petróleos sostenía prácticas clientelares y financiamientos ilegales (ar- tículo 67 de la Ley de Partidos Políticos). Pase lo que pase, no debemos olvidar que se trata de información que está en manos del gobierno y que por tanto es nuestra y no de burócratas acostumbrados a la arbitrariedad. Expuesto lo anterior, ¿en verdad esperan generar confianza frente a estos hechos? ¿Cómo confiar en funcionarios más preocupados por el interés de una empresa que por el interés público de la transparencia? ¿Cómo no cuestionar entonces el ingreso de El Salvador a Petrocaribe? No señores, primero demuestren coherencia y dejen de ocultarnos información.
*Colaborador de El Diario de Hoy.
@guillermo_mc_A