Uno de los principales temores generados por la candidatura de Salvador Sánchez Cerén, fue que con su potencial llegada al poder se consolidaría la transformación del Estado hacia el autoritarismo, la radicalización, la represión de adversarios políticos y disidentes, y el control total de la ciudadanía.
Analistas políticos coinciden en que si ese temor probase ser cierto, será evidente solamente después de las elecciones para alcaldes y diputados de 2015, ya que de lo contrario podría afectar de forma desfavorable la cantidad de curules y municipios que terminen bajo el control del partido en el gobierno. Argumentan, por lo tanto, que el verdadero rostro del FMLN no se revelará hasta que finalicen los comicios del próximo año.
Ante esta expectativa, varios ojos escrutan las actuaciones y discursos de funcionarios públicos, legisladores y militantes del partido oficial, buscando confirmar o descartar señales que indiquen la transformación estatal que muchos sospechan. Lamentablemente, las señales, hasta el momento, no son alentadoras.
Antes que se cumplan los tradicionales primeros cien días de la gestión presidencial, el gobierno y el FMLN, según algunas de las voces más influyentes en la palestra pública, han actuado de forma engañosa, ocultando sus verdaderas intenciones, y, además, han dado indicios del comienzo de una posible instrumentalización del aparato estatal para el control y la persecución política.
La semana pasada, por ejemplo, Francisco de Sola, presidente de FUSADES, desmintió un spot televisivo del Gobierno en el que se asegura existió una amplia discusión con diferentes sectores que culminó en la aprobación de la reforma tributaria en un madrugón coordinado por FMLN y sus aliados de la Asamblea Legislativa. De Sola denunció que no existió un diálogo técnico para formular un proyecto de ley consensuado.
Antes de cumplir cien días con Sánchez Cerén en el Ejecutivo, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Luis Cardenal, reclamó y condenó públicamente el que la Superintendencia del Sistema Financiero solicitara información al sistema bancario sobre los cien mayores depositantes en cada banco, lo que, según él, viola el secreto bancario y evidencia que el Gobierno está tratando de monitorear y tener control de toda actividad ciudadana y empresarial.
Además, un medio digital que se caracteriza por publicar artículos incómodos para el Ejecutivo, durante este mismo período, denunció que uno de sus periodistas fue retenido y acosado por policías, quienes preguntaron sobre su participación en la elaboración de reportajes previos.
La combinación de todas estas señales negativas del Gobierno y el partido oficial, han llevado a que muchos consideren que la implementación de la filosofía comunitaria dentro de la Policía Nacional Civil marcará la creación de una policía política, orientada a controlar a la ciudadanía con fines partidarios e ideológicos.
Una publicación del periódico digital Diario Latino, no obstante, sugiere que el FMLN ya logró ese nivel de monitoreo, control y coerción territorial. Según dicho rotativo, las grabaciones de las intervenciones telefónicas presentadas por la Fiscalía en el caso del padre Toño, revelan que el partido oficial apoya económicamente a las pandillas, detallando una conversación en la que se discute la entrega de cincuenta mil dólares a cabecillas pandilleros.
La interdependencia que estos hallazgos sugieren que existe entre el partido en el Gobierno y las organizaciones criminales más grandes, peligrosas e influyentes que operan en el país, es sumamente grave. Este tipo de vínculo puede traducirse en una falta de voluntad política para resolver la crisis delictual en la que estamos sumergidos, ya que eso implica debilitar una importante herramienta electoral de cara a las elecciones de 2015. La Fiscalía juega un papel crítico en evitar que esta interacción entre el sector político y las pandillas continúe y se profundice. La presión y el apoyo ciudadano debe de ir en esa dirección.
*Criminólogo.
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