En este mismo espacio hemos afirmado que los estadistas son aquellos que empujan una agenda de reformas trascendentales para romper con los inmovilismos y generar cambios de fondo. Lo hacen apegándose al más estricto respeto del Estado de Derecho y con el respaldo de un equipo de profesionales que por lo general son los principales funcionarios de su gabinete.
Este tipo de liderazgos políticos no asumen el poder para administrar los problemas, los resuelven de raíz y procuran que las soluciones se legitimen con el concurso de todas las fuerzas políticas. Además lo hacen frente a los ciudadanos, con el máximo grado de transparencia que les sea posible. Cuando es necesario, también toman en cuenta a la sociedad civil, a los empresarios y a los sindicatos de trabajadores, públicos y privados.
No delegan en sus funcionarios las grandes decisiones, estos en todo caso las ejecutan. Tampoco tejen complicadas estrategias de comunicación para confundir a la población. Evitan que su partido político diga y haga lo que ellos no pueden expresar ni hacer por estar ejerciendo la presidencia. Son directos, pragmáticos y saben que cuando no se cuenta con mayoría en los congresos, las coaliciones con los partidos de oposición son imprescindibles para la aprobación de los proyectos de ley.
En el caso mexicano encontramos varias de estas características. El presidente Peña Nieto pactó directamente con los partidos, perfiló desde el inicio de su sexenio las grandes transformaciones que impulsaría como mandatario, y le dio su lugar a los diferentes actores, de cuyo apoyo necesitaría, enfocándose, principalmente, en las distintas fuerzas políticas. Estas últimas le han acompañaron desde un inicio, conscientes del desprestigio que amenazaba con convertirlos en actores irrelevantes en la política mexicana. Con la reforma energética, el inquilino de Los Pinos concluye una acelerada carrera que lo llevó también a modificar los ámbitos educativo, financiero, hacendario, político y el de las telecomunicaciones.
Ha sido un año intenso, de muchas negociaciones políticas y de un permanente diálogo con la sociedad. A la concertación le ha dedicado el presidente mexicano la mayor de las prioridades. Las reformas las ha impulsado a la luz del día, sin agendas escondidas ni sorpresas para nadie. Ciertamente han surgido críticas de algunos sectores que habrían preferido un debate más prolongado. También han renegado quienes se estaban beneficiándose del “estatu quo”. Mientras no se hiciera nada, algunos líderes sindicales habrían continuado estafando al Estado y ciertos empresarios continuarían aprovechando la falta de competencia en el mercado.
Con las reformas el gobierno mexicano pretende recuperar el dinamismo económico y avanzar hacia la modernización de sectores estratégicos. Sus grandes apuestas no incluyen el cambio de la forma de gobierno ni el del tipo de sistema democrático establecido en la Constitución. Ha respetado los pilares de la democracia y se ha distanciado de aquellos mandatarios que centraron los grandes cambios en la aprobación de nuevas constituciones con el pretexto de fortalecer la participación ciudadana, cuando el verdadero objetivo ha terminado siendo el de la concentración del poder. Peña Nieto tuvo la opción de imitar a sus pares suramericanos que “personalizaron la política” y, aprovechándose del desprestigio de los partidos políticos, promovieron asambleas constituyentes para cambiar de raíz los cimientos del sistema político.
En este ámbito, el gobernante optó por respetar íntegramente el sistema democrático. La reforma política, que no estaba incluida en la versión original del “Pacto por México”, fue la respuesta a los condicionamientos de los partidos para el apoyo al resto de iniciativas. Entre otros aspectos, esta reforma incluye la mutación de la autoridad electoral a una que centralizará tanto el nombramiento de los funcionarios electorales que corresponden a cada Estado de la república mexicana, como la fiscalización del financiamiento político que reciben las agrupaciones políticas.
El Salvador enfrenta grandes desafíos que ameritan profundas transformaciones. Se trata de remover los obstáculos que afectan a la competitividad del país, de la recuperación del control en materia de seguridad pública y de la necesidad de un gran acuerdo nacional para el desarrollo social que incluya el restablecimiento de la disciplina fiscal, que por ahora está ahogando la capacidad financiera del Estado. Si la inercia del gobierno continúa con los rasgos identificados en los primeros cien días de gobierno, ni habrá “reformas de gran calado” ni se superará el déficit que produce el abultado endeudamiento público ni mucho menos se controlarán los homicidios, las extorsiones y la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado.
La paz, la reconstrucción de la infraestructura destruida durante el conflicto armado, la apertura comercial y el inicio de una agenda social, fueron los grandes legados de los gobiernos anteriores. ¿Cuál será la gran apuesta de la administración Sánchez Cerén?
*Columnista de El Diario de Hoy.