Según reporta un rotativo, el fin de la semana pasado se reportaron treinta y cinco homicidios. David Ernesto Orellana, de diez años de edad, fue una de las víctimas, quien, según revelaron a los medios de comunicación fuentes cercanas a la investigación, fue asesinado, mutilado y enterrado en una tumba clandestina, después de ser privado de libertad cuando se dirigía a su centro educativo. La trágica historia del menor fue difundida por periódicos y, después, en las redes sociales. Los lectores y usuarios dejaron clara su indignación ante la cruel muerte de David y, al mismo tiempo, reclamaron a las nuevas autoridades un abordaje más enérgico y genuino de la crisis delictual, mostrando que, hasta el momento, el ambiguo y vago discurso oficial no ha logrado despertar la confianza, entusiasmo y apoyo de la ciudadanía.
Considerando el contexto en el que se da este incidente, la irritación colectiva de los salvadoreños y sus demandas por un mejor servicio de seguridad pública, resultan raquíticas y poco contundentes. La credibilidad del aparato de seguridad cruza su peor momento en muchos años, debido a fuertes señalamientos de corrupción, involucramiento en ilícitos y vínculos con estructuras criminales.
Esta semana, por ejemplo, un periódico digital publicó imágenes de una presunta mujer policía, quien, vestida con su uniforme policial, posa para la cámara haciendo ademanes que la identifican como miembro de una de las principales pandillas que operan en El Salvador. El Diario de Hoy, por otro lado, publicó el domingo pasado un reportaje sobre el caso del extraño homicidio de un teniente de la inteligencia militar, Óscar William Gómez González. Según la nota periodística, el oficial se hizo presente, por órdenes superiores, antes que la Policía y la Fiscalía a la escena en la que fue levantado el cadáver de Carlos René Guillermo Rivas Molina, excadete de la Escuela Militar, junto con el de su presunto atacante, Félix Vladimir Romero Morales, vinculado por fuentes policiales a una pandilla. El homicidio de Gómez González ocurrió pocos días antes de que se presentara a un citatorio de la Fiscalía para declarar en relación al caso de Rivas Molina y, lógicamente, aclarar el porqué de su presencia en la escena del doble homicidio antes que las autoridades competentes.
La resonancia de estos alarmantes incidentes y, por lo tanto, sus nocivas consecuencias sobre la confianza ciudadana en las autoridades, se han visto magnificadas por las categóricas declaraciones del fiscal general de la República, que vinculan a David Munguía Payés, ministro de Defensa, y altos oficiales de la Fuerza Armada salvadoreña, con el tráfico de armas. Los señalamientos de la Fiscalía han sido acompañados por la aparente sofisticación en el armamento de las pandillas en El Salvador. Hace unos días, por ejemplo, pandilleros fueron sorprendidos por fiscales en una comunidad de San Salvador, realizando ejercicios de adiestramiento militar, decomisándoles durante el procedimiento fusiles automáticos con sus respectivos cargadores y munición.
Además, un periódico digital publicó esta semana fotografías de presuntos pandilleros que operan en un municipio de San Salvador, posando con armas similares, que según la ley son de uso privativo de la Fuerza Armada.
Nombrar a Benito Lara al frente del gabinete de seguridad, como lo he advertido en el pasado, dificulta al gobierno la tarea de generar la confianza que necesita para lograr el acompañamiento ciudadano, debido a la trayectoria de Lara como político y la poca credibilidad de la que adolece este sector según revelan diferentes mediciones de opinión. El Ejecutivo, considerando esta relativa dificultad, debe dar una respuesta rápida y fuerte ante casos que despierten duda en relación a la vinculación de su aparato de seguridad con estructuras delictuales, como los antes mencionados. La ciudadanía, por su lado, debe organizarse y exigir esta respuesta con mucha energía.
*Criminólogo.
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