Creación de confianza, conversaciones a la búsqueda de acuerdos que beneficien al país –ejemplo: la creación de una política de Estado en seguridad pública–; generar estabilidad para fomentar la inversión y poder así crear una mayor cantidad de puestos de trabajo que le permita a miles de compatriotas enaltecer sus vidas y las de sus familiares a través del ingreso que brinda un empleo formal. Esto es lo que requiere El Salvador, lo que demanda la gente. Acá está el nudo gordiano que debemos romper para poder ser viables como Nación…
Por ello es que la gente le está dando crédito al espíritu de madurez que tanto en público como en privado ha venido mostrando el Presidente de la República. Hastiada de la política de confrontación de su antecesor, la gente necesita además algo en qué creer, en pensar que los asfixiantes problemas del país pueden llegar a tener solución, en que existe la posibilidad de llegar a vivir días mejores. La aprobación se sustenta, a su vez, en los llamados al diálogo, a entendernos como ciudadanos de un mismo país, a que prevalezca el azul y blanco por encima de nuestras diferencias, validando su existencia.
Así las cosas, saludable es que surjan diferencias –la democracia de por sí estimula el disenso– pero que haya al menos cierta dosis de realismo, de pragmatismo si se quiere, de cara a los problemas del país. Para el 50 % de la población que se decantó por el oficialismo el 9 de marzo, pragmatismo para comprender –hasta la médula– que “el modelo” con el cual su dirigencia ha venido identificándose, fracasó estrepitosamente. Para el 50% cuya opción en las urnas fue opositora, el gobierno extiende ahora su mano para intentar resolver en conjunto algunos de los principales problemas que sufrimos todos, en especial nuestros hermanos que viven en mayor necesidad.
En estos primeros treinta días de gobierno de Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortiz me parece que el tema más espinoso para la concreción de las buenas intenciones de muchos actores es el asunto de los pesos y contrapesos que requiere una democracia funcional. Habiendo sido durante la administración anterior la lucha por la preservación de la institucionalidad del país el momento más sensible, cuando se intentó pasar por encima de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, el tema es y será que se cumplan éstas, no el dejar de emitir opinión, favorable o desfavorable, a cada una de ellas.
Dicho en otras palabras, la libertad de expresión es piedra angular de la sociedad democrática, por lo cual hay derecho a emitir opinión sobre cualquier resolución judicial, política o acción de autoridad competente. Pero una cosa es emitir opinión contra resoluciones de la Sala de lo Constitucional (cuando por ser la máxima autoridad en esa materia son inapelables) y otra es buscar soslayarlas, como sucedió hace dos años cuando se buscó a la “Corte de Managua” para que interfiriera. Destaco de ese momento el papel desarrollado por la sociedad civil en defensa de nuestra institucionalidad democrática.
Confianza, estabilidad, es lo que requerimos como país. Para recuperar nuestro tradicional posicionamiento en la región, que se traduzca en más y mejores oportunidades de empleo para nuestra gente. Que nos permita afrontar en mejor forma el problema de la inseguridad ciudadana –problema número uno de los salvadoreños– que nos ha llevado al punto que en desesperación optan los padres por pagar y entregar a sus pequeños hijos a traficantes de personas para que logren llegar a los Estados Unidos. Con el evidente riesgo que ello conlleva, de vida o muerte; de heridas emocionales de por vida.
Por evitar este tipo de dramas humanos, que trasciende nuestras fronteras; para que logren vivir las presentes y futuras generaciones en el terruño que les vio nacer, deberíamos todos hacer un mayor esfuerzo por convivir pacíficamente entre nosotros y buscar la prosperidad.
Ojalá que aún en medio de procesos electorales que se avecinan, esto sea así.
*Director Editorial de EL DIARIO DE HOY.