Los niños indocumentados que ingresan de manera ilegal a los Estados Unidos representan un dilema para el gobierno americano, pues le obliga a conjugar la aplicación de la ley con el trato humanitario que merece un menor. Y un serio problema para el gobierno de El Salvador, pues le enfrenta crudamente con su incapacidad para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
La crisis es importante. Obama ha pedido al Congreso que le autorice un presupuesto de tres mil setecientos millones para intentar prevenirla, y paliar sus consecuencias.
El dinero se emplearía para mejorar “las condiciones de los centros de detención de los menores, el cuidado y transporte de los niños, acelerar las deportaciones, luchar contra las redes de tráfico de personas, lanzar campañas contra la inmigración ilegal y ayudar a los países centroamericanos a repatriar a sus ciudadanos”.
Sin embargo, la solución es inmensamente compleja, y requiere mucho más (y no me refiero simplemente a una cantidad mayor de dinero) que los millones que Obama ha solicitado.
Son casi sesenta mil menores que han ingresado de manera ilegal a los Estados Unidos en lo que va del año, procedentes principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador. El gobierno norteamericano está preocupado, mientras parece que los países centroamericanos involucrados reaccionan más por la urgencia y apremio de los del norte, que por propio convencimiento.
Así las cosas: ¿en qué manos está evitar que los menores sean llevados a los Estados Unidos para reunirse con sus padres? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los gobiernos, la de los padres de familia, la de todos en la sociedad? Más: ¿a cuenta de qué un gobierno puede impedir que los padres quieran vivir con sus hijos?
Para disuadir a los papás y mamás de que paguen a los coyotes, se ha montado una campaña publicitaria que resalta los riesgos y peligros del camino. Y uno se pregunta si no sería mejor invertir esa millonada en garantizar que los niños puedan ir a los Estados Unidos de manera segura… En un mundo utópico hasta se pueden hacer cálculos alegres, y pensar que en vez de gastar tres mil setecientos millones de dólares, con sesenta mil se les pagan los pasajes aéreos y ya está. Pero como vivimos en el mundo real, hay que invertir una fortuna para paliar las consecuencias de unas causas que con menos dinero podrían ir limitando sus efectos.
Un ejemplo: estamos procurando el Fomilenio II, que implica una transferencia de cuatrocientos millones de dólares. Con los tres mil setecientos que Obama ha pedido al Congreso, alcanzaría hasta para Fomilenio IX, y todavía sobran cien millones (que se dice rápido), susceptibles de invertirse en ayuda para el desarrollo, seguridad ciudadana y estabilidad familiar; tres de las causas que tienen un impacto directo en la necesidad de las personas para emigrar aun cuando sean menores de edad por una parte, o, como es de esperar, llevarse consigo a sus hijos una vez se establecen y alcanzan un éxito relativo en algún lugar del norte.
Es de sentido común: solo con gasto en publicidad no se detendrá la migración. Los padres de familia están atrapados entre dos fuegos y escogen el mal menor entre los peligros del viaje, o los riesgos de vivir en El Salvador.
Sin duda una manera de hacer reflexionar a los padres de familia es, a corto plazo, la campaña de disuasión. Pero a mediano y largo plazo, solo erradicando la incorporación forzosa de menores a las pandillas, las extorsiones, los asaltos, los asesinatos; generando empleos y garantizando las inversiones, la gente repensará mandar a sus hijos fuera del país, o reunirlos consigo si es el caso, en el extranjero.
*Columnista de El Diario de Hoy.
@carlosmayorare