Cuando el dinero no es de uno, la tentación del abusar de él debería ser menor. Pero esto no sucede en los gobiernos poco controlados ni en los gobernantes poco avergonzados.
Respecto a la falta de control, El Salvador ha mostrado avances y retrocesos. Entre los avances, destaca un Instituto de Acceso a la Información Pública que ya condenó a varios funcionarios por ocultar ciertos gastos. Otro caso es el trabajo de la Sala de lo Constitucional actual –animada a controlar al poder político al eliminar las transferencias discrecionales de los sobrantes de los distintos ministerios sin pasar por aprobación legislativa– en comparación con la Sala de lo Constitucional anterior, animada a privilegiar al poder político al facilitar la “resucitación” de dos partidos que no alcanzaron el mínimo legal de votos en 2004, de forma que mantuvieran su financiamiento público o “deuda política”. Un tercer avance es el de una sociedad civil cada vez más consciente de su responsabilidad ciudadana y de su capacidad organizativa.
Sobre los retrocesos, la alternancia de 2009 consolidó viejas prácticas del pasado. Acá sobran los ejemplos: ocultar información pública (gastos en publicidad, viajes y viáticos de Casa Presidencial o en asesores y regalos de Navidad del Órgano Legislativo); financiar la campaña del partido gobernante con fondos públicos; aprobar “presupuestos mentirosos” con cifras ficticias de ingresos y egresos; elegir dos veces, en una misma legislatura, magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de desarticular los balances democráticos en el Órgano Judicial y de excluir a la oposición más representativa; aliarse con partidos minoritarios para designar a dirigentes partidarios en la Corte de Cuentas o para incrementar la deuda pública sin discusión técnica, etc.
Respecto a la falta de vergüenza, el panorama es más desalentador. Pese a la exposición de casos muy penosos, en su mayoría no se observan sanciones ni correcciones. Por ejemplo: bonos por retiro voluntario de funcionarios que renuncian días antes de concluir su mandato; por ejemplo: un expresidente que afirma haber recibido cheques como “cooperación extranjera no tradicional” sin detallar quiénes son los famosos “destinatarios”; por ejemplo: diputados que viajan a Europa a reunirse con posibles empresas fantasmas; por ejemplo: un expresidente que ocultó gastos de publicidad a la vez que sus radios incrementaban sus ganancias en 1,600 %; por ejemplo: contrataciones de familiares al margen de la meritocracia; por ejemplo: un expresidente que recibe un préstamo millonario que luego se transforma en donación para no pagar impuestos, cuya administración contrata directamente con una empresa amiga la millonaria publicidad gubernamental sin procesos de licitación o contrata con una empresa de seguridad privada cuyo propietario le brinda una suntuosa vivienda al terminar su período, días antes de ser juramentado como diputado asalariado del Parlamento Centroamericano pese a una orden judicial de no hacerlo… Por ejemplo: viajes de diputados al Medio Oriente para llevar un “mensaje de solidaridad”. En fin, otro triste etcétera de ejemplos. Sobre este último –el viaje a Palestina– el presidente de la Asamblea Legislativa respondió a las críticas de la siguiente manera: “nos critican por estar apoyando a Palestina […] sé que (a) la derecha fanática le molesta esto”. La crítica no se refiere al apoyo a Palestina ni se deriva de la derecha fanática, como sugiere el diputado con la intención de polarizar; la crítica proviene de cualquiera que comprende que este tipo de viajes –en asientos de clase ejecutiva, por supuesto– son un derroche lamentable entre tanta hambre y violencia en el país.
La falta de control conduce a la tiranía y la falta de vergüenza al cinismo. Es intolerable que a la par de los graves problemas que atraviesa El Salvador coexista una forma tirana y cínica de hacer política y cualquier decisión relacionada con las finanzas públicas debe considerar esta realidad. Si se plantea el incremento de impuestos, también debe plantearse, como condicionante innegociable, sancionar y corregir todo lo anterior. Y es que los recursos públicos no es dinero de unos, sino de todos. De allí que resulte inaceptable que mientras las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas optimizan sus recursos para satisfacer legítimamente sus intereses privados y saldar sus obligaciones tributarias, la institución que encarna el mayor interés público –el gobierno– se dedique a consentir derroches individuales. Sencillamente, es inaceptable.