Es complicado tratar de defender la tesis según la cual los derechos políticos de un ciudadano están por encima del derecho a la justicia que corresponde al resto de ciudadanos. Sin embargo, aunque parezca mentira, no es otra cosa lo que argumentan los detractores de los más recientes fallos de la Sala de lo Constitucional, al querer convencernos de que ciertos funcionarios públicos, a la cabeza de decisivas instancias jurisdiccionales, desempeñan mejor su trabajo si tienen una clara filiación partidaria.
¿En virtud de qué artes mágicas podría el presidente del Tribunal Supremo Electoral, juez y parte de un proceso en el que la imparcialidad debe estar garantizada, ofrecer resultados inobjetables si está afiliado a uno de los partidos en contienda? Dirá alguien que, en este caso, la imparcialidad descansa en la mutua vigilancia que los partidos ejercen al interior del TSE. La debilidad de este argumento radica en lo que sucede cuando el sistema es vulnerado por razones ajenas al equilibrio de fuerzas establecido en la Asamblea Legislativa por el voto ciudadano. Destruido este equilibrio –ahora lo sabemos–, sus efectos también se trasladan a la entidad encargada de velar por la transparencia de los procesos electorales.
La mejor forma de cerrar este círculo vicioso, causa de legítimas desconfianzas, es dar cabida a una elección abierta y cristalina de magistrados del TSE, convirtiendo la independencia partidaria en un requisito indispensable. De este modo, atreviéndose a nombrar funcionarios por méritos comprobables antes que por afinidades o compromisos, las diversas fracciones legislativas estarían no solo cumpliendo con un fallo de la Sala de lo Constitucional, sino oxigenando en serio los pulmones de nuestra maltratada democracia.
Todo lo anterior sin eliminar, por cierto, la mutua vigilancia entre partidos, que podría mantenerse al interior del Tribunal Supremo Electoral a través de mecanismos de participación nítidamente definidos. ¿Quién puede alegar que el bien común quedaría menos favorecido con procedimientos legislativos que así ponderaran los méritos en lugar de la obediencia partidaria? ¿Y cómo no exigir tratamientos similares para la elección de magistrados de la Corte de Cuentas y de la propia Corte Suprema de Justicia?
Las aspiraciones arriba señaladas todavía tienen sentido en El Salvador porque la independencia judicial, al menos desde la Sala de lo Constitucional, ha protegido hasta ahora el balance y la separación de los poderes públicos. Gracias a ello, aún podemos afirmar que el derecho de una persona a militar en un partido político no está por encima del derecho a la justicia electoral que reclamamos los votantes salvadoreños. ¿Por cuánto tiempo, sin embargo, querrán algunos que la influencia partidaria o ideológica tenga estos límites necesarios? A juzgar por las voces inconformes que se han dejado oír en las últimas semanas, la unanimidad esperable alrededor del trabajo independiente de la Sala de lo Constitucional está bastante más lejos de lo que pensamos. Y este es un mal presagio en los tiempos que corren.
Lo que un sistema judicial sumiso a los poderes políticos termina haciendo, en detrimento de las libertades ciudadanas, lo estamos constatando en las noticias que leemos sobre Venezuela y demás países de la órbita chavista. Allí no hay igualdad ante la ley ni derechos individuales susceptibles de ser invocados. Los textos constitucionales son interpretados a la “luz” de coincidencias vergonzosas con los intereses del oficialismo; las instituciones llamadas a garantizar el respeto de los valores democráticos permanecen sometidas y maniatadas. Los balances, para decirlo pronto, son inexistentes.
Muchos dirigentes políticos, aquí en El Salvador, han mostrado la misma alergia antidemocrática desde hace rato. También ellos quieren que la independencia judicial se convierta en una ficción y que los funcionarios con capacidad juzgadora les sean obedientes. Lo único que parece haberles detenido, hasta hoy, es la disposición ciudadana a reaccionar en defensa de los principios que otorgan identidad a las democracias sólidas. Si no fuera por eso, quién sabe qué clase de régimen estaríamos sufriendo.
*Escritor y columnista de El Diario de Hoy.