La PDDH, con grupos internacionales, está presionando a nuestros legisladores para que aprueben el Estatuto de Roma –Corte Penal Internacional (CPI)– y darle poder de imponer su voluntad sobre nuestra legislación.
Los que proponen este tribunal supranacional de materia penal son –y los que aprueben serán– unos traidores de la Patria que están dispuestos a vender nuestra soberanía por un puesto de poder o por dinero. Tengan cuidado, que todo sale a la luz tarde o temprano y sus nombres quedarán deshonrados en las historia.
Según abogados internacionalistas expertos en estos temas, la CPI es una institución politizada cuyos integrantes han demostrado su incompetencia al conseguir solamente una condena en más de 10 años a un costo de aproximadamente $150 millones al año. Se cuestiona al personal y jueces, pues muchos “ni son abogados y ninguno ha sido entrenado adecuadamente”.
Asimismo, David Hile, en su libro “Justice Denied, The Reality of the International Criminal Court”, presenta evidencia de la negación de la CPI en dar derecho a juicios justos, incluyendo el rechazo de reconocer la presunción de inocencia. A pesar de que a la fecha se les ha pagado billones de euros se les acusa de no tener la habilidad para conducir investigaciones cruciales, necesarias para una corte real. Hile señala que la CPI probablemente es responsable de destruir el proceso de paz en África, lo cual ha costado muchas vidas.
Todo esto es parte de un plan orquestado por la industria internacional del aborto para legalizar ese negocio tan lucrativo, que además de descuartizar a bebés inocentes, daña gravemente, física y psíquicamente a sus madres y por ende a la sociedad.
La presión que están ejerciendo, con ayuda de funcionarios públicos, para lograr que se apruebe este tribunal supranacional en el país, al mismo tiempo que grupos antivida, proaborto, lanzan una gran campaña pidiendo soltar a 17 mujeres que han sido condenadas por homicidios agravados de sus hijos, no es coincidencia. Estos grupos que dicen defender los derechos de la mujer están utilizando a estas mujeres que mataron a sus hijos y se descubrió su crimen.
Estas madres no solo tendrán que pagar con la privación de su libertad sino que llevarán en su conciencia la terrible realidad de haber matado a sus bebés inocentes. Y ahora los grupos proaborto que se lucran del dolor ajeno y de la sangre de niños indefensos están manipulando sus casos en un intento de hacer creer que es necesario legalizar el aborto –que nada tiene que ver en estos casos– para que supuestamente mujeres no sean condenadas “injustamente”. Absurdo.
Alegan que fueron abortos espontáneos, los cuales no son penados. Está comprobado que los bebés nacieron de término. Unos fueron estrangulados, otros tenían heridas de arma blanca, otros abandonados y mordidos por animales… ¿Cómo puede el PDDH prestarse a esta violación de derechos humanos?
Diputados, no se dejen manipular por grupos que reciben dinero de organismos internacionales para entrar a nuestro país con la industria internacional del aborto y poder matar legalmente a nuestros niños. Estos indultos ya no piden solamente la legalización del aborto sino también que se permitiría legalmente que las madres que no quieren a sus bebés, puedan matarlos.
Cuando los elegimos, confiamos en que defenderían la vida de todos los salvadoreños, especialmente los más vulnerables y necesitados. No permitan que un tribunal supranacional decida sobre nuestra legislación la cual, con estos casos, ha demostrado que es correcta.
*Columnista de El Diario de Hoy.