La semana pasada, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) presentó a autoridades del Ejecutivo un documento en el que se detallan veinte propuestas que, según la gremial, ayudarán a mejorar la capacidad del Estado para controlar la crisis delictual que experimenta el país. Las notas periodísticas que informaron sobre el tema fueron escuetas y, por lo tanto, no profundizaron en los detalles de las medidas sugeridas por la ANEP. Sin embargo, las que se mencionaron están relacionadas a temas importantes como mejorar la investigación y persecución de estructuras criminales, potenciar el papel de las alcaldías y la reinserción de delincuentes. Esta actitud propositiva de la empresa privada es elogiable y de obligatoria replicación.
El presidente Sánchez Cerén y su equipo de seguridad pública han asegurado que su gestión se caracterizará por mantener un nivel elevado de interacción y participación ciudadana, con el fin de involucrar a todos los actores y sectores en la búsqueda de soluciones a la grave situación delictual, heredada por Mauricio Funes. Hace unas semanas, no obstante, el gobierno presentó en casa presidencial su política de seguridad, la cual no pareció haber sido producto de un consenso o diálogo con potenciales socios estratégicos para el combate del crimen.
La forma en que la presentación se percibió, parecía sentar el tono para una gestión similar a la de Funes, en donde el Ejecutivo solo busca aparentar tener apertura cuando en realidad hace lo que le da la gana, montando mesas tras mesas infructíferas para discutir temáticas en diferentes áreas. ANEP, como hizo durante el gobierno de Funes, aprovechó la apertura esbozada en el discurso oficial, adoptó una actitud propositiva y, en consecuencia, presentó una serie de recomendaciones estratégicas para contribuir a controlar la grave situación que vivimos los salvadoreños día a día.
Hasta el momento, nada confirma o descarta que este tipo de propuestas serán tomadas en cuenta o no, o que la intención expresada por el Gobierno y sus funcionarios de interactuar positivamente con sectores importantes de la sociedad, es genuina o no. Esto no debe de detenernos. La puerta está abierta, no importa si no es de forma intencional.
Existe la tentación de, en esta coyuntura, hacer recomendaciones orientadas exclusivamente agilizar y fortalecer el trabajo desarrollado por las diferentes instituciones que conforman el sistema de justicia penal, que la historia reciente sugiere tienen pocas probabilidades de ser retomadas. Indudablemente que estos aportes son vitales, pero antes de entrar al nivel de detalle que implican (en relación a la postura operativa del aparato de seguridad) se necesita aprovechar la apertura consignada por los funcionarios para proponer iniciativas a través de las cuales se cree y asegure la permanencia en el tiempo de espacios de interacción institucionales entre diferentes sectores de la sociedad y el Gobierno en materia de seguridad pública, se posibilite el carácter vinculante de acuerdos alcanzados y se garantice jurídicamente la fiscalización ciudadana del trabajo estatal.
Es necesario un mecanismo permanente en el que se propicie y norme la discusión de problemas delictuales, se decida el rumbo estratégico que adoptará el Estado para resolverlos y se garantice la contraloría ciudadana sobre los recursos invertidos y los resultados obtenidos en seguridad pública. Solo así se garantizará que este u otro gobierno no pueda crear mesas inútiles para aparentar un diálogo inexistente con la sociedad, mientras hace lo que le venga en gana o lo que le convenga políticamente.
Todos tenemos diferentes ideas de cómo se debe de enfrentar el monstruo criminal heredado por Funes y el país necesita que lo mejor de los diferentes enfoques se fusione en una sola estrategia que todos apoyemos. Asegurar la existencia de un espacio y un andamiaje jurídico con los que se garantice esa premisa, debe de ocupar un lugar privilegiado en el orden secuencial de las propuestas planteadas al Ejecutivo.
*Criminólogo.
@cponce_sv