El objetivo principal de esta columna no es cuestionar si la producción de frijol fue de 2.8 millones de quintales anunciada el 10 de diciembre pasado por el Gabinete Económico de la administración Funes, o si la producción real, según productores y comerciantes, fue de 1.6 millones de quintales. Tampoco es cuestionar si hay escasez o si hay acaparamiento como se sostiene oficialmente. Hacer esto en este momento crítico es irrelevante.
Llamo la atención a que sólo se siembran 139,464 manzanas de frijol cuando en El Salvador se tienen 400,000 manzanas de tierras ociosas y que por problemas climáticos y otros factores la producción de frijol decreció un 23% en toda la región centroamericana.
Lo importante consiste en encontrar soluciones viables para formular una política pública de sostenibilidad para la producción de alimentos a mediano y largo plazo. Contar con un diagnostico que identifique las razones objetivas por las cuales existen incrementos cíclicos y ascendentes en los precios de los granos básicos y en general de los alimentos.
Se habla de que muy caro está el precio del frijol, se publican reportajes de que la libra vale US$1.25 y que se vende a US$1.50 en los supermercados, estimulando su incremento. A resultas de estas coyunturas se retoma el tema por parte del Ministerio de Agricultura (MAG) proponiendo resucitar al Instituto Reglador de Abastecimiento (IRA), lo que le da espacio para que políticamente el Gobierno pueda ofrecer imponer precios baratos de los alimentos para el consumidor y “precios justos” para el productor. Al inicio de la Administración Funes también se esgrimió la idea de reactivar esta institución que durante 23 años ha dormido el sueño de los justos; y no prosperó debido al alto costo que significaría reactivar el IRA.
Es de considerar que uno de los principales problemas que aqueja a miles de pequeños productores nacionales de frijol, e incluso maíz, es la pérdida de ingresos por la ineficiencia en el manejo post cosecha y por la comercialización de sus productos por los intermediarios, lo cual hace que las cosechan se vendan a precios bajos al productor, con amplio margen en la intermediación.
El MAG debería priorizar el fomento de la asociatividad en las diferentes etapas de la cadena de valor. Dotar de recursos técnicos y financieros a sus direcciones operativas para proporcionar los servicios necesarios por parte del Estado en materia: legal, gerencial, tecnológica, comercialización e infraestructura, entre otros.
Promover el desarrollo e integración de cadenas de valor por medio del fortalecimiento de actores directos en la producción, transformación, comercialización y consumo como investigación, capacitación, asistencia técnica, proveedores de maquinaria e insumos, proveedores de energía, financiamiento e información. Volver eficiente y eficaz al CENTA.
Apostarle a la siembra de frijol de agosto que representa el 80% de la cosecha nacional, otorgado un paquete agrícola con buena semilla, fungicida y formula triple 15, para lograr una destacada producción.
La verdadera función del MAG radica en fortalecer la producción nacional y nunca en convertirse en un intermediario comercializador de productos agrícolas. No hay presupuesto para infraestructura y subsidio.
El comercio de alimentos debería realizarse con un enfoque de alianzas estratégicas para el encadenamiento productivo y con asocios públicos privados. Considerar que ya operan empresas con excelente infraestructura de silos y sobrada experiencia en el delicado manejo de plagas.
Estudios oficiales indican que el país no está aprovechando adecuadamente su potencial de área bajo riego para la producción de alimentos. De acuerdo a la FAO, El Salvador tiene aproximadamente 273,535 mil hectáreas con potencial de riego, de las cuales sólo estamos aprovechando un 16%, bajísimo uso de tierras productivas en el país.
* Colaborador de El Diario de Hoy.
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