La crisis delictual que atraviesa El Salvador se encuentra en su punto más álgido. Quien no quiera reconocer la gravedad de esta situación o no la interprete como una consecuencia directa de la negociación propiciada con las pandillas durante la gestión de Mauricio Funes, está cegado por su fanatismo partidario/ideológico o sus intereses particulares. En círculos de seguridad e inteligencia hay quienes pintan una lectura muy preocupante de lo que opera detrás de lo que alcanza a ver el ciudadano común, esbozando una enmarañada red de intercambio de beneficios y negociaciones oscuras entre las pandillas y otros actores importantes de la vida política y el equipo de funcionarios de este gobierno y el pasado.
La infiltración de las pandillas en las instituciones públicas es innegable y evidente. Hoy día, no es raro escuchar en los noticieros nombres de servidores públicos de diferentes entidades, que han sido capturados junto a estructuras pandilleras por su presunta participación en hechos criminales graves. Esta semana, por ejemplo, la Fiscalía General de la República capturó a un exalcalde de un municipio del departamento de La Paz y actual asesor de la Asamblea Legislativa, junto a dos policías y pandilleros, bajo la acusación de ser supuestos cómplices en la comisión de un secuestro. La Fiscalía, además, cuenta con una investigación avanzada en la que figuran altos jefes militares que se presume forman parte de una red de tráfico de armas, coincidentemente al mismo tiempo que se ha detectado una significativa sofisticación en el armamento utilizado por las pandillas, a quienes se les han decomisado fusiles de asalto automáticos de uso privativo de la institución castrense.
Las agrupaciones delictuales también, en días recientes, han dejado clara la impresionante influencia y control territorial que ejercen en los lugares en los que operan, evidenciando el nivel de impunidad con el que son capaces de actuar. El ejemplo más ilustrativo es el desalojo forzoso de los residentes de un complejo de apartamentos ubicado en el municipio de Mejicanos, en donde las pandillas los obligaron a mudarse para apropiarse de sus viviendas. La presión de estas organizaciones en las comunidades más vulnerables y sus efectos nocivos, han sido demostrados por el incremento exponencial de la migración de menores a Estados Unidos, cuyas agencias han determinado que el precursor principal para El Salvador es la crisis de seguridad que experimenta.
Lastimosamente, ante esta realidad, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, no ha logrado transmitir una lectura que corresponda a lo que vivimos los salvadoreños a diario y, mucho menos, una estrategia que se gane la confianza de los diferentes sectores de la sociedad y, en consecuencia, su apoyo. Los cien días que por tradición se esperan para evaluar a los funcionarios de una nueva administración gubernamental aún no se han agotado. No obstante, considerando la gravedad de la crisis en seguridad pública que enfrenta el país, es lógico que todos exijamos resultados ya, especialmente si el mismo partido es el que sigue en casa presidencial.
Lara aún está a tiempo para enrumbar su gestión por el camino correcto y ganar credibilidad entre la ciudadanía. Hasta ahora su discurso sobre temas críticos como “la tregua” ha sido ambiguo y poco aterrizado. Los salvadoreños no tenemos clara cuál es la lectura de Lara y de su partido en relación a la criminalidad, no existe una apreciación cristalina y categórica, que genere confianza. Sus propuestas de mejora en diferentes rubros de la seguridad pública han sido generales y, por lo tanto, poco convincentes. El gobierno debe de trabajar más en transmitir claramente cómo entiende el problema delictual y detallar qué específicamente propone para solucionarlo. Este es el primer paso para lograr atraer la atención de los aliados estratégicos que necesita para resolver la crisis.
*Criminólogo.
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